Con los reportes de los medios comunitarios La Raíz y Lanceros Digitales
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador presentó su primer boletín sobre la crisis que atraviesa el país en medio del Paro Nacional, documentando los efectos de la represión policial y militar desplegada por el gobierno de Daniel Noboa contra las protestas ciudadanas.
Con corte al 23 de septiembre de 2025, la Alianza registró 52 vulneraciones de derechos humanos, que incluyen 41 personas heridas y 59 detenciones arbitrarias, todas vinculadas al accionar de la fuerza pública. El informe advierte que los derechos más afectados han sido el derecho a la protesta, la integridad personal, la libertad de expresión y la libertad personal.
Según los datos, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son responsables del 75 % de las vulneraciones. Además, la Alianza identificó una discrepancia con las cifras oficiales: de las 59 detenciones reportadas por el gobierno, solo 31 han sido confirmadas, mientras que 28 aún carecen de información verificable, lo que motiva un llamado urgente a la transparencia estatal.
El informe denuncia también uso excesivo de la fuerza, golpes contra detenidos, incomunicación prolongada y falta de acceso a defensa legal oportuna, lo que configura un patrón sistemático de abusos.
Un caso emblemático es el de Gina Cahuasquí, mujer kichwa de Otavalo, quien fue detenida arbitrariamente, sufrió agresiones físicas y fue liberada bajo medidas sustitutivas. Ella denuncia que varios comuneros siguen privados de libertad bajo cargos de terrorismo y paralización de servicios, pese a que actuaban en el marco de la protesta legítima.
En Otavalo, la visita del presidente Noboa el 24 de septiembre estuvo rodeada de un fuerte repudio popular. Más de un millar de militares y policías blindaron su presencia, pero el pueblo respondió con dignidad y resistencia: en el barrio Monserrat, los uniformados fueron expulsados por los habitantes.
La población otavaleña rechazó tanto la militarización masiva del cantón como la presencia del propio mandatario, responsabilizándolo de la crisis social y económica. Sus demandas son claras: derogatoria del Decreto 126, libertad inmediata de los detenidos, soluciones urgentes a la inseguridad y al colapso del sistema de salud.
El mensaje que deja Otavalo es contundente: el pueblo no se rinde frente al despliegue militar ni a la represión, y mantiene viva la lucha social.
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