Pronunciamiento de la Red de Antropología del Ecuatoriana
El Ecuador, reconocido constitucionalmente como Estado plurinacional e intercultural, atraviesa hoy una de las más graves vulneraciones a los derechos colectivos e individuales desde el retorno a la democracia. En lugar de abrir caminos al diálogo frente al Paro Nacional convocado desde el 18 de septiembre por la CONAIE y organizaciones sociales, el Gobierno de Daniel Noboa ha respondido con militarización, detenciones arbitrarias y discursos abiertamente racistas.
Demandas legítimas ignoradas
El levantamiento nacional se sostiene sobre un pliego de exigencias claras:
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Derogatoria del Decreto 126, que elimina el subsidio al diésel y afecta directamente la economía popular y campesina.
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Freno a la expansión petrolera en la Amazonía y al extractivismo minero en páramos y territorios indígenas.
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Revocatoria de licencias ambientales en Quimsacocha (Azuay), Las Naves (Bolívar) y Palo Quemado (Cotopaxi).
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Respeto a las consultas populares de Quimsacocha, Yasuní y Chocó Andino.
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Rechazo a la consulta popular y posible Asamblea Constituyente promovida desde el Gobierno.
Un Estado de Excepción convertido en licencia para reprimir
Desde el Decreto 134, emitido el 12 de septiembre, la fuerza pública ha actuado bajo lógicas de guerra interna, aplicando leyes antiterroristas contra comunidades indígenas. El perfilamiento racial es evidente: las provincias con población indígena mayoritaria han sido militarizadas.
Los casos recientes son alarmantes:
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Detención de comuneros waorani en Orellana, acusados falsamente de terrorismo pese a que su demanda era dirigida a Petroecuador.
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Cierre arbitrario de TV MICC, histórico medio comunitario de Cotopaxi, atacando la libertad de expresión indígena.
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12 comuneros del pueblo Otavalo detenidos y trasladados sin debido proceso a cárceles de alta peligrosidad, incluso tras una masacre carcelaria.
Otavalo y Cotacachi: epicentros de la represión
Militares armados han ingresado a comunidades como Peguche, Huaycopungo, Agualongo y La Esperanza, dejando heridos, personas desaparecidas y al menos una persona fallecida. El asesinato de Efraín Fueres, comunero de Cuicocha, perpetrado por fuerzas militares en Cotacachi, evidencia el uso letal de la fuerza contra población civil.
Un discurso oficial peligrosamente racista
Las palabras del presidente Noboa —“Nosotros los sacamos del país”— no solo constituyen una amenaza, sino que habilitan simbólicamente un apartheid contra pueblos indígenas, tratándolos como enemigos internos. Se instala la narrativa del “terrorismo indígena” para justificar violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Llamado urgente
Las organizaciones abajo firmantes repudiamos esta política de criminalización y violencia estatal. Exigimos al Gobierno acoger el llamado del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU y cesar el uso excesivo de la fuerza.
Protestar es un derecho. No puede costar la vida.
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