Fuente: Augusto Granda Guamán, en TR Noticias La Plataforma Llaminga
Durante la década de 1960, el Ingenio Aztra se constituyó como empresa privada para explotar la caña de azúcar de los latifundistas de la zona. Muchos de ellos habían adquirido las tierras mediante usurpación a antiguos propietarios y despojo de humildes campesinos que habían conformado colonias agrícolas.
Entre los principales accionistas figuraban Ernesto Jouvín Cisneros, José Salazar Barragán y los hermanos Alfonso y Rafael Andrade Ochoa, entre otros. Cuando surgieron dificultades económicas, la mayoría de las acciones pasó a manos del Banco La Filantrópica, perteneciente a los hermanos Isaías. Posteriormente, estas fueron transferidas a la Corporación Financiera Nacional, con la aprobación del gobierno de Guillermo Rodríguez Lara.
A pesar de que los propietarios protagonizaron un “paro patronal” —por el cual no fueron sancionados bajo el Decreto N.º 1475, como sí se hacía con los trabajadores—, el salario obrero se incrementó a 300 sucres. Sin embargo, mediante el Decreto N.º 1784 del 5 de septiembre de 1977, se eliminó la participación de los trabajadores en las utilidades del ingenio para que las ganancias fueran destinadas íntegramente a los accionistas.
El 18 de octubre, ante los abusos, los trabajadores declararon la huelga. Por la tarde, mientras merendaban junto a sus familias, fueron rodeados por contingentes policiales trasladados desde varias provincias. Un teniente de apellido Viteri, desde un altavoz, les ordenó desalojar el lugar en el plazo de dos minutos.
Lo que siguió fue una tragedia que marcó la memoria obrera del país.
Se vivieron escenas desgarradoras:
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Mujeres y hombres desesperados buscando agua para mitigar los efectos de los gases lacrimógenos.
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Madres que perdieron a sus hijos en la confusión.
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Personas que, incapaces de nadar, se hundían en los canales del ingenio.
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Niños que desaparecieron para siempre.
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Heridos que luchaban por respirar entre el agua y el gas.
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Trabajadores que, al intentar ayudar a otros, terminaban hundiéndose con ellos.
Con complicidad del sistema judicial y del poder político de entonces, el caso fue cerrado y no existe hoy una vía jurídica para reabrirlo.
Como se suele decir:
“Los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla.”
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