A menos de dos semanas de la realización de la Consulta Popular, el gobierno de Daniel Noboa decretó estado de excepción por «grave conmoción interna» durante 60 días en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, y los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
El Decreto Ejecutivo 202, firmado el 4 de noviembre de 2025, concede a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas nuevas facultades extraordinarias: realizar inspecciones, allanamientos y requisas sin orden judicial, al estar restringido el derecho a la inviolabilidad de domicilio.
Además, el decreto suspende el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, permitiendo a las fuerzas del orden revisar, recopilar y analizar comunicaciones físicas o digitales, incluidos mensajes electrónicos.
El gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para “mitigar y neutralizar amenazas presentes y futuras”. Sin embargo, organizaciones sociales alertan que este decreto abre la puerta a abusos, vigilancia sin control judicial y vulneración de derechos fundamentales.
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