Por: Inredh
Foto: Portada Inredh
Junio 18 de 2020
Durante los días jueves, 17 y viernes 18 de junio de 2020, la Comisión de Justicia analizará los casos de criminalización de las autoridades indígenas[1]
Exigimos amnistía para las 23 autoridades indígenas de San Pedro de Cañar procesadas por administrar justicia indígena en su territorio, reza una nota que publica la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).
Se trata de otro esfuerzo por exigir a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional del Ecuador que apruebe la amnistía para las 23 autoridades indígenas que han sido criminalizadas por administrar Justicia Indígena en la comunidad de San Pedro de Cañar, en la sierra sur del Ecuador. Algunas autoridades fueron sentenciadas a cinco años de privación de libertad, pena que se encuentran cumpliendo en el Centro de Rehabilitación Social CRS – Turi, en la ciudad de Cuenca y en el Centro de Detención de Personas Adultas en Conflicto con la ley de Cañar. Varios líderes están en régimen abierto y otras, una vez cumplida su sentencia, regresaron con temor a sus comunidades.
Un total de 23 autoridades indígenas han sido criminalizadas por administrar la Justicia Indígena en la comunidad de San Pedro de Cañar, entre el 2015 – 2017. Algunas autoridades fueron sentenciadas a cinco años de privación de libertad. Desde los 70, el Consejo de Justicia Indígena de los altos del Cañar ha resuelto casos de violencia intrafamiliar, conflictos de tierra, cuatrerismo y hasta llegó a su conocimiento un incidente de violencia sexual, delito que fue conocido por la justicia ordinaria pero acompañado por el Consejo.
Tras ejercer su derecho de administrar justicia indígena en sus comunidades, se iniciaron procesos judiciales en contra de 23 autoridades indígenas por los supuestos delitos de secuestro, secuestro extorsivo y daño al bien público. Mi papá es José Sarmiento Jiménez, es un juez indígena, es un taita. En mi pueblo ser un taita es símbolo de sabiduría, respeto y justicia. Mi papá está preso desde diciembre de 2016 por ejercer la justicia indígena, dice su hija Jessica Sarmiento. Otro caso es de Luis Eduardo Calle Espinoza tiene 72 años; trabajaba en la agricultura y la ganadería, pero fue sentenciado por el delito de secuestro cuando administraba justicia indígena. Él se encuentra detenido desde hace dos años.
Fui acusada injustamente como autora directa del delito de secuestro en un hecho suscitado el 15 de noviembre de 2015, señala María Asenciona Tamay Murudumbay, de 38 años. Fui sentenciado por un delito que no cometí. Estoy detenido desde diciembre de 2018, señala por su parte Ángel Belisario Calle Calle, de 59 años de edad. Fui privado de la libertad en 2016, me condenaron a cinco años por un supuesto secuestro, yo y mi hermano fuimos acusados por defender a una tía que fue estafada, agrega Luis Eduardo Calle Calle, de 62 años de edad. Fui privado de la libertad en el 2016, me acusaron de secuestro por administrar justicia indígena. Yo y mi hermano fuimos acusados por nuestro familiar por el terreno de una tía, cuenta Manuel María Calle Calle, de 71 años de edad.
Y la lista sigue. Mi nombre es Digna María Sarmiento Chuqui y tengo 58 años. Me acusan del dlito de secuestro, pero ese día de los hechos yo estaba en la casa con mi porque recién llegué del hospital, ella había dado a luz. Es la historia de las 23 autoridades indígenas que fueron criminalizadas desde el 2015 hasta 2017, 15 aún se encuentran con procesos legales en marcha, cuatro de ellas están privadas de la libertad: José Sarmiento, Ángel Belisario Calle, Luis Eduardo Calle Espinoza y María Josefina Sotamba Padilla
Los delitos por los que ha sido investigados, enjuiciados y sancionados las autoridades de Justicia Indígena responden a un proceso de persecución, extorsión y deslegitimación del ejercicio de la justicia indígena, aunque ésta es reconocida por la Constitución del Ecuador desde 1998 y se ratifica en 2008 en sus artículos 171 y 57, que señala la existencia de dos sistemas jurídicos con potestades jurisdiccionales en cualquier materia (penal, civil, mercantil, etc.) y en igualdad de condiciones.
La Declaración de ONU los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de OIT establecen, que cuando se impongan sanciones penales a miembros de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas estas deben ser sanciones distintas al encarcelamiento. La relatora de Pueblos Indígenas de ONU, Vicky Tauli, dijo en su informe 2019: “La falta de avances en la aplicación del pluralismo jurídico unida a la criminalización está generando preocupantes procesos de represión, conflicto e incluso extorsión, como se denunció en San Pedro del Cañar”. Antonia Urejola, comisionada de la CIDH, mostró su preocupación sobre los procesos judiciales en contra de 23 autoridades indígenas de Cañar en una reunión de trabajo durante el período de sesiones número 167 de la CIDH, en Bogotá.
Los asambleístas de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, de la Asamblea Nacional del Ecuador, tienen la oportunidad de respetar el pluralismo jurídico garantizado en la Constitución y otorgar la amnistía a las 23 autoridades indígenas procesadas. Cuatro de las 23 autoridades procesadas se encuentran privadas de la libertad e incluso dos son adultos mayores que están propensos a adquirir el covid-19, por el hacinamiento constante en las cárceles del Ecuador. Por ello, es urgente que la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado apruebe las amnistías.
Las y los asambleístas de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional tienen la oportunidad de ratificar las disposiciones constitucionales del pluralismo jurídico sobre lo cual se fundamenta un Estado plurinacional e intercultural como lo es el Estado ecuatoriano. El ejercicio de la justicia indígena es un derecho garantizado en la Constitución y una práctica milenaria en los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. No a la criminalización.
Desde el 2015 se iniciaron procesos de criminalización en contra de las autoridades indígenas que ejercían su derecho legítimo a administrar justicia. Los asambleístas de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional tienen la oportunidad de reparar las vulneraciones de DD.HH cometidas en este caso, concluye el documento que circula Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), organismo con alrededor de tres décadas de defensa de los derechos humanos en el país.
[1] https://www.inredh.org/index.php/noticias-inredh/actualidad/1389-relatos-de-la-criminalizacion-de-la-justicia-indigena-en-canar
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