Por: Ángel Criollo Guaraca
Kichwa Puruhá, MSc. en Investigación y Estudios Culturales
Foto portada: Cortesía COIQ
Junio 6 de 2020
Otras tragedias de los indígenas en las urbes durante el COVID–19. Ciertamente el país y el mundo, estamos siendo testigos de un gran impacto global de la presencia de una pandemia que arrasa con todo. Tiempos difíciles que nos saca lo mejor y lo peor de las sociedades en general.
Hasta el momento, Ecuador es uno de los países latinoamericanos más golpeados por la presencia del COVID – 19, un enemigo invisible que nos tomó desarmados y desamparados en todo sentido. Meses antes habíamos escuchado sobre la presencia de la pandemia en China, sin embargo, las autoridades no dieron la importancia debida ante esa amenaza y más aún, con una situación crítica en ámbito político, económico y estructural del Estado, prácticamente no podíamos esperar nada, pero, lo cierto es que nunca imaginamos llegar a la pesadilla que actualmente seguimos viviendo a nivel del país.
Las cifras de contagiados y fallecidos prácticamente han desbordado la poca capacidad de respuesta de las autoridades de todo nivel. A diario salen a la luz pública hechos de corrupción a toda escala, nadie tiene control, nadie tiene liderazgo, nadie dice la verdad, ninguna autoridad hace algo por el bien común, en plena emergencia quitaron subsidios, las empresas y el propio Estado despidió a trabajadores sin ningún reconocimiento alguno por los años de servicio, prácticamente, estamos en etapa de «tierra de nadie» y de «sálvese quien pueda».
En caso de Quito, los hospitales y espacios de acogida a personas con el coronavirus han rebasado desde hace 20 días y consecuentemente presenciamos el calvario de miles de familias que han tenido la mala suerte de atravesar con el COVID-19. El “de esta salimos juntos”, es una falacia de mera retórica, en la práctica, el que tiene recursos suficientes accede a la bioseguridad, alimentación, hobby, medicamentos y servicios de salud. Para los que no tiene recursos, prácticamente se pone en juego su vida con “suerte o muerte”, muchos desde la precariedad y desigualdades socio-económicas.
Estos últimos días he sido testigo de hospitalizaciones y fallecidos de varios compañeros y compañeras indígenas en las grandes ciudades, principalmente en la ciudad de Quito y Guayaquil. A falta de disponibilidad de una cama en espacios de atención público, muchos han tenido que acudir a las clínicas privadas buscando auxilio y salvar su vida, sin imaginar que los valores económicos a pagar en estos espacios serán de cifras desorbitantes. Es una locura que un establecimiento de salud en plena crisis sanitaria y crisis económica cobren dos a tres mil dólares por día hospitalizado. Muchos compañeros que se refugiaron en estos establecimientos han salido adjudicados con facturas de 30, 45, 53, 60 y hasta 120 mil dólares, y, al pedir explicaciones, no hay respuesta alguna a más de “eso cuesta”, “antes de traer primero tenían que ver si tienen con qué pagar”.
De acuerdo a testimonios de varias familias de las personas que se hospitalizaron en estas instalaciones, para dar atención, lo primero que solicitan es un depósito de una garantía de una cantidad considerable, luego, todos los días deben abonar el costo de hospitalización, en caso de atrasos les llaman a los familiares para solicitar el depósito inmediato con ello para poder seguir dando la “misma atención”, caso contrario “no se responsabilizan de lo que pueda pasar con el paciente”. ¿No sé si es un temor de las clínicas por posible incumplimiento de pagos o es que realmente brindan atención médica al son de cuánto y cuándo pagan?, pareciera que el derecho a salud al menos, no es lo primordial, sino el pago, el capital.
Hice seguimiento del caso de una familia indígena de la provincia de Chimborazo radicado en la ciudad de Quito. A igual que muchas personas de posible caso de COVID-19, sobre todo, con la dificultad respiratoria, buscaron atención en el hospital Pablo Arturo Suárez, Bicentenario y otros hospitales, pero al estar colapsados no pudieron ingresar a esas dependencias públicas, por lo que, acudieron a la Clínica Internacional Intersanitas S. A. El paciente ingresó el día 5 de mayo y fue enviado a terapia intensiva, 26 días después falleció. Días antes también falleció el padre y dos de sus familiares se internaron en el mismo establecimiento en la que habrían pagado un rubro de 40 mil dólares por 15 días de atención.
El día 30 de mayo, a las 07h00, dieron la trágica noticia del deceso. Desde la clínica indicaron que, para poder entregar los restos del fallecido, deben cancelar el valor total de 43 mil dólares por servicios hospitalarios y 10 mil dólares de garantía para pago de honorarios para los médicos. Hasta aquel momento ya habían abonado un valor aproximado de 25 mil dólares. Entre dolor y desesperación, los familiares consultan si pueden ayudar con algún descuento, pero no hay oídos, busca algún mediación con la Defensoría del Pueblo, igual no pueden hacer nada por que es “privado”, solicitan algún mecanismo o acuerdo de pagos posteriores, NADA, no hay oídos, solo responden “la clínica no cuenta con ninguna política de financiamiento, ni “ayudas” y “si quieren llevar, paguen todo y van sin ningún problema”, claro el problema era básicamente la no disponibilidad inmediata de los rubros facturados.
Ante toda negativa de la institución, los familiares buscan maneras de reunir los recursos para abonar rubros de la factura y solo logran completar la totalidad de 43 mil dólares; solicitan sea condescendiente y suplican buscar algún mecanismo de pagos posteriores, debido a que es un día sábado y que difícilmente podrán conseguir recursos, pero es reiterativo los oídos sordos, ante tanta súplica. El gerente administrativo de la clínica pide abonar 7 mil dólares más de garantía y el saldo de 3 mil se firmarían letras de cambios. ¡Vaya ayuda!
En fin, en este caso particular, lo que refleja es un hecho inhumano sin precedentes que muchas familias están atravesando en estos momentos de la pandemia, no hay quien diga o haga algo. Esta familia aparte de perder a dos seres queridos (padre e hijo), atravesaron adversidades con una estructura institucional que a leguas no tiene ninguna reciprocidad social. Bien llamado es “SALUD PRIVADA”, pues ni siquiera supieron entender al dolor del momento de los familiares para con ello, buscar formas de pagos posteriores, menos sabrán de la solidaridad o reciprocidad con la situación emergente del país.
Personalmente, veo que instituciones como estas, se están aprovechando del colapso del sistema de salud pública, de la desesperación y de la desinformación. Muchas familias por cubrir los gastos hospitalarios -una parte- harán enajenando cualquier bien inmueble que han logrado conseguir con años de esfuerzo y trabajos, otros tantos, tendrán que cancelar adquiriendo deudas altísimas en algún establecimiento financiero, quien sabe, pagando porcentajes de intereses sumamente altos, en tiempos y reglas que estas instituciones impongan sobre el dolor y desesperación.
Mi más sentido pésame para esas familias. Es tan lamentable que los actuales gobernantes estén haciendo todos los esfuerzos posibles para «achicar» el tamaño del estado, lo que implica minimizar los servicios públicos de salud, seguridad social, educación entre otros y así dejarnos en manos de voraces capitalistas que no se conduelen de la dura condición económica por la que atraviesa nuestra población.