Por: Pedro Cango
Kichwa-Saraguro, Economista
Julio 15 de 2020
El 1 de octubre de 2016, Lenín Moreno presentó al país su Plan de Gobierno 2017-2021, titulado “Cambios para renovar la Patria: Un programa para la sociedad, la educación, la producción y el trabajo digno”[i]. Al referirse a su propuesta enmarcado en los 4 ejes “sociedad, educación, producción y trabajo digno” anotaba: “la visión neoliberal sueña con la austeridad, los recortes presupuestarios, los despidos, las privatizaciones y los paquetazos. Su pasión es el capital por encima de lo humano. Incluso cuando se generan riqueza, envían al exterior, dejan de generar empleo y prosperidad, y ni siquiera cumplen sus responsabilidades tributarias” (Ibídem).
Así el presidenciable conmovía los corazones de millones de ecuatorianos que concebían esperanza y superación a los problemas estructurales de inequidad, pobreza, desempleo, corrupción, y olvido a la producción agropecuaria. Una vez alcanzado el poder, supuestamente “extendió su mano” para construir un país democrático y justo, a través de Diálogo Nacional. Este diálogo estuvo subdivido en dos frentes:
La primera, entre el Gobierno, organizaciones políticas, colectivos, y cámaras. Esto, llevó a fuertes críticas de sus mismos coidearios que permitieron llegar al poder. Por ejemplo, en julio de 2017 ya alertaban pactos con Bucaram, en consecuencia, entrega de Corporación Nacional de Electricidad[ii].
La segunda, en el marco de sus competencias desde los ministerios, sus actores y la sociedad civil. En este caso, se realizó en distintos niveles a escala nacional.
Más allá de los acuerdos políticos, las acciones siguieron su curso, incluso varios ministerios pusieron énfasis en atender a los más pobres y dar respuestas a los problemas evidenciados en el diálogo. Es así, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo (INEC, 2017)[iii] para diciembre de ese año la pobreza se redujo de 23.1% a 21.5% a escala nacional. Mientras la desigualdad cayó de 0.47 a 0.46 (Ibídem).
A la par se miraba con optimismo el siguiente año. El Presupuesto General del Estado proyectaba un incremento para el sector social, por ejemplo, para educación un aumento del 16% y para salud un 28.9%. Estas acciones engendraron una imagen positiva en los ecuatorianos. Según Cedatos[iv], para diciembre de 2017 el nivel de aceptación del Gobierno bordeaba el 70.9%, mientras que el nivel de aceptación al inicio de su gestión alcanzaba el 52%.
A la par, el Gobierno convocaba a la consulta popular. Su estrategia, fue igual que los procesos anteriores; mantener celeridad en la toma de decisiones, incluir preguntas coherentes con los intereses de la ciudadanía e interrogantes de interés del Poder Ejecutivo. Si revisamos, la mayoría de preguntas planteadas para la consulta están en línea con los intereses de la ciudadanía. Por ejemplo, poner fin a la corrupción, no prescripción de los delitos sexuales, prohibición de minería metálica en todas sus etapas, e incrementar la zona intangible del Yasuní. No obstante, las preguntas de mayor polémica fueron acabar con la reelección indefinida, entregar poder a los ciudadanos para nominar los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y derogar la Ley de Plusvalía que, en definitiva, este último respondía a los intereses de los más ricos.
Lamentablemente, pese a ciertas advertencias de la oposición, los ecuatorianos en su mayoría apoyaron la propuesta del Gobierno de turno. Aquí cabe preguntarnos, ¿Todos los políticos crean credibilidad, alcanzan el objetivo y se olvidan del pueblo? ¿Quiénes son los actores creíbles?
Recordemos que, luego de este proceso electoral, el Gobierno nombró los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCST). Con ello, se empezó a visibilizar los acuerdos pactados en el diálogo liderado desde el Ejecutivo. Incluso una vez conformada este nuevo CPCCST, resultó ser más preocupante debido al escaso nivel de debate. De igual forma, los nuevos seleccionados para dirigir las distintas instituciones del Estado no pasaron de un cambio de nombre, es decir, la gran mayoría de los ecuatorianos sabíamos en el futuro a quienes responderían sus acciones.
De igual forma, el Ejecutivo acogía nuevos representantes políticos y empresariales a su gabinete, que desde el punto de vista laboral tienen todo el derecho, como cualquier otro ciudadano, si y sólo sí, sus servicios aportan a la construcción de un verdadero Estado de bienestar.
Bajo esta nueva cúpula del Gobierno, comenzaron aflojar otros resultados del diálogo. En estricto sentido, el primero en la lista fue la remisión de deuda de los empresarios a través de la Ley de Fomento Productivo aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de 2018. Luego, la eliminación del impuesto verde, propuesta de privatizaciones y un largo etcétera. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional seguían fortaleciendo las alianzas y los acuerdos con las bancadas de Creo, Suma, Partido Social Cristiano y otros.
Es decir, los acuerdos del diálogo se convertían en utopía para la sociedad, pero cada vez más efectivo para las cámaras, empresarios y políticos. Al mismo tiempo, afloraban los acuerdos entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el primer acercamiento se llevó a cabo en noviembre de 2017[v], luego en junio de 2018, que incluso tuvo tiempo para aportar a la Ley de Fomento Productivo[vi].
Penosamente, sin contar con el acuerdo firmado con el FMI, luego de la segunda misión, el Gobierno profundizó sus decisiones de corte neoliberal; recorte presupuestario para el sector social del siguiente año, recorte de personal en todas las instituciones públicas, eliminación de instituciones, reducción de beneficiarios del bono de desarrollo humano, reducción de subsidios, acciones para concesionar empresas públicas, propuesta de Leyes antipopulares, paquetazos, etc. Incluso, desde el Gobierno se repetía sin cansancio el “Estado obeso”. Sin embargo, hago un paréntesis, no está mal disminuir personal si éste responde a una planificación y un estudio que determine tal exceso. Esto no sucedió en Ecuador, las decisiones fueron para contentar a sus nuevos coidearios y el FMI. Así, los feriados pasaron a ser los días más efectivos para despedir miles y miles de trabajadores.
De esta forma, con un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en manos del Gobierno, Empresarios, Cámaras, organizaciones, partidos políticos y medios de Comunicación, cerramos el año 2018 con un incremento en el nivel de pobreza de 21.5% a 23.2%[vii]. Es decir, bastó meses para destruir la esperanza de los menos favorecidos, quienes, a su vez, castigaron a la imagen del Gobierno ya que a diciembre descendió al 34.7% de aceptación[viii].
En marzo de 2019 el Gobierno ecuatoriano firmó el acuerdo con el FMI, con ello se cumplió el anhelo de los neoliberales en el Ecuador. Un acuerdo cargado de condicionantes que solo afectaban al pueblo para apenas recibir como préstamo 4.2 mil millones del dicho organismo. Esto es una cantidad menor a los recursos que el Estado podía recabar si hacía cumplir a los empresarios sus obligaciones tributarias, mismas que se perdió con la Ley de Fomento Productivo.
Con esta decisión Ecuador pasó a ser la colonia del FMI. Todas las disposiciones del Gobierno eran para concretar los acuerdos con el FMI. Así llegamos a octubre, fecha indicada, según el Ejecutivo para eliminar el subsidio a los combustibles y anunciar la esperada Ley para los empresarios, más conocida para la ciudadanía como “Ley de la precarización laboral”. Ventajosamente, el pueblo fue capaz de detener esta medida. De esta forma, en 2019, Ecuador cerró el año con un aumento en el nivel de pobreza en 1.8%[ix].
En definitiva, la crítica al neoliberalismo hecha en campaña y su plan de gobierno enmarcado en los 4 pilares “sociedad, educación, producción y trabajo digno” fue la típica rutina de los políticos antes de llegar al poder. De manera similar, la continuidad de políticas sociales de 2017 y parte de 2018 fueron pensadas para ganar la Consulta Popular. ¡Todo fue un engaño!
Lamentablemente, los defensores del FMI y el mismo Fondo Monetario Internacional no suelen ser los mejores aleados. Los argumentos sobran, basta hacer referencia a los estudios publicados por los mismos funcionarios del FMI, entre otros: Heller, Bovenberg, Catsambas, Chu, & Shome (1988)[x], Ostry, Berg, & Tsangarides (2014)[xi], y Ostry, Loungani, & Furceri (2016)[xii], que muestran que la desigualdad y pobreza han incrementado como consecuencia de los ajustes exigidos por dicho organismo.
Bajo esta realidad, los problemas de pobreza y desigualdad se han visto más preocupantes con la actual problemática que el mundo vive “COVID-19”, sin embargo, estos ya venían siendo alarma por las decisiones de mercado instaurados durante los últimos años.
[i] Movimiento Alianza País. (2016). Programa de Gobierno 2017-2021.
[ii] https://www.elcomercio.com/actualidad/correa-pacto-bucaram-ecuador-lenin.html
[iii] INEC. (2017). Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo (ENEMDU).
[iv] https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/12/27/cedatos-credibilidad-lenin-moreno-se-ubica-628.html
[v] https://www.elcomercio.com/actualidad/leninmoreno-dialogo-reunion-fmi-cooperacion.html
[vi] https://www.elcomercio.com/actualidad/mision-fmi-ecuador-banco-mundial.html
[vii] INEC. (2018). Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo (ENEMDU). Retrieved from INEC.
[ix] INEC. (2019). Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo (ENEMDU).
[x] Heller, P., Bovenberg, L., Catsambas, T., Chu, K.-Y., & Shome, P. (1988). The Implications of Fund-Supported Adjustment Programs for Poverty: Experiences in Selected Countries. Washington: International Monetary Fund.
[xi] Ostry, J., Berg, A., & Tsangarides, C. (2014). Redistribution, Inequality, and Growth. In Staff Discussion Notes (Vol. 14).
[xii] Ostry, J., Loungani, P., & Furceri, D. (2016). Neoliberalism: Oversold? Finance & Development, (June).
