Derecho penal, judicialización y uso de la fuerza en el tratamiento de la lucha social en Ecuador y la región.
En Ecuador, así como en Perú, Chile, Argentina y países de Centroamérica, el uso del derecho penal y la fuerza pública ha sido señalado como mecanismo recurrente para tratar la protesta social y el activismo como si se tratara de conductas criminales.
Organizaciones de derechos humanos y centros académicos advierten que esta tendencia implica la utilización del aparato estatal —policial, fiscal y judicial— para debilitar o desarticular movimientos sociales que cuestionan políticas públicas o defienden derechos colectivos, especialmente en contextos de conflictividad socioambiental.
Judicialización y persecución política
En el caso ecuatoriano, la criminalización se expresa en detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y procesos penales contra líderes sociales bajo figuras como “terrorismo” o “paralización de servicios públicos”. Informes independientes registran centenares de casos que involucran a activistas indígenas, defensores ambientales y comunicadores comunitarios.
El colectivo Yasunidos ha enfrentado obstáculos institucionales en procesos de consulta popular relacionados con la defensa del Yasuní, evidenciando tensiones entre participación ciudadana y decisiones estatales. La judicialización de actores sociales plantea interrogantes sobre la independencia judicial y el alcance del derecho constitucional a la resistencia.
Enfoques teóricos y debate académico
Desde la analítica del poder desarrollada por Michel Foucault, la criminalización puede entenderse como una forma de producción de control social a través de dispositivos jurídicos y discursivos.
Investigaciones académicas —incluidas reflexiones desarrolladas en FLACSO Ecuador— analizan la judicialización de la política y su impacto en actores sociales. En Perú, estudios sobre el “terruqueo” describen la práctica de etiquetar como “terroristas” a quienes disienten del poder, generando estigmatización pública.
Algunos análisis distinguen tres niveles de criminalización:
Primaria: creación de leyes que amplían tipos penales.
Secundaria: aplicación judicial selectiva.
Terciaria: privación de libertad y estigmatización social.
Democracia, protesta y derechos
La protesta social es reconocida en marcos constitucionales como mecanismo legítimo de participación. Sin embargo, la expansión del derecho penal en escenarios de conflictividad abre un debate central:
¿se protege el orden público o se restringe la democracia?
Con invitados vinculados a la defensa jurídica, la investigación académica y procesos sociales afectados por judicialización, este análisis será desarrollado en profundidad el:
📅 Martes 3 de marzo de 2026
🕢 19h30
🎙 Conduce: José Atupaña Guanolema
📡 Por RiksinakuyTV Internacional
Invitados:
➡️ Johanna Romero, Magíster en Derecho Constitucional (Yasunidos)
➡️ Flavio Flores Chuquipoma, Presidente de la CUNARC – Perú
➡️ Byro Tulcanaza, Psicólogo y Docente Universitario
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