Por: Luis Olmedo Iza Q.
Kichwa / Pueblo Panzaleo
Marzo 12 de 2020
Inmediatamente después de las movilizaciones de octubre, que dicho sea de paso, fue una movilización de inconformidad de la clase media y popular del Ecuador, liderada por el movimiento indígena, el gobierno impulsó acciones de comunicación y tácticas militares preparándose a futuro.
Un papel protagónico tiene el Ministro de Defensa y del Interior, en varios medios de comunicación dio algunos detalles de la nueva “directiva contra la insurgencia”, el “cambio total” que implica en las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la búsqueda de «insurgentes”. Dando a entender que el pueblo que se movilizó va mucho más allá que la desobediencia y la objeción, sino actos más radicales, como la lucha armada organizada para instaurar un nuevo modelo mediante una revolución.
Entre las acciones tácticas desplegadas por el gobierno podemos leer:
- Una campaña para generar miedo en la población, por la posible existencia de grupos insurgentes en el Ecuador y la justificación de acciones preparatorias para aplacar las movilizaciones.
- Judicialización a los dirigentes, en la que, no solamente los dirigentes de la CONAIE y el Presidente del MICC y autoridad del Pueblo Panzaleo, sino también los dirigentes de base están con procesos judiciales. Por ejemplo el Presidente de la CONAIE y del MICC, tienen más de 6 demandas; por terrorismo, rebelión, secuestro, etc.
- Dotación de equipamiento contrainsurgencia, disturbios y motines, comprados a empresas de Estados Unidos con una inversión que sobrepasa los 4 millones de dólares en 3 procesos de compras. En uno de los pliegos constaba un monto referencial por USD 6 millones, que no se conoce si se realizó dicho gasto.
- Fortalecer la Policía nacional. El Presidente de la República y la Ministra del Interior anunciaron inversiones importantes para la policía nacional, incluida la implementación de la Universidad de la Policía, con una inversión que supera los 20 millones de dólares.
- La visita del Presidente del Ecuador y su comitiva a los Estados Unidos en el que llegaron acuerdos de cooperación en temas de seguridad, que incluye la seguridad interna.
- La mesa de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, entre ellos los pueblos y nacionalidades, para encontrar salidas a la situación económica del país, ha quedado fuera de la agenda gubernamental. En su reemplazo, el aparato gubernamental ha desplegado acciones en territorio en los actos denominados “ferias ciudadanas”, especialmente en las comunidades que tuvieron una participación visible en la movilización de octubre.
Frente a ello es necesario tener presente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- en su informe cuestiona el uso excesivo de las armas no letales y la fuerza pública, en las movilizaciones de octubre del 2019 y recomendó al Ecuador que establezca un plan de atención y de reparación integral para las víctimas de las protestas, que dejaron 11 de muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, según la Defensoría del Pueblo.
Los defensores de los derechos humanos del Ecuador cuestionaron el uso de armamento no letal en la movilización de octubre.
Finalmente, en necesario recordar que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la Resistencia.
