Alerta No. 96
Declaraciones del Presidente Guillermo Lasso contra el Presidente de la CONAIE constituyen un incumplimiento de su deber de respetar y garantizar un entorno seguro para la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, derechos colectivos y de la naturaleza.
El 21 de diciembre de 2021, en el enlace presidencial semanal “Encontrémonos por la ciudadanía”[1], el presidente Guillermo Lasso dijo textualmente:
“(…) el señor Leonidas Iza es un anarquista, él odia a la democracia, él odia la institucionalidad del Ecuador, él es eficiente en incendiar edificios públicos, él es eficiente en promover el secuestro de periodistas y policías, él es eficiente en mandar a alguien a tirarle una piedra por la espalda de manera cobarde a un periodista, como lo hicieron en octubre de 2019, él es eficiente en agredir a la ciudad de Quito. Con Leonidas Iza si uno le dice estamos de acuerdo con el punto A, pide el punto B (…) bueno esto es infinito. ¿Por qué? porque es un anarquista, él no es un demócrata, él quiere por fuera de la institucionalidad del país, por fuera de la democracia, él quiere crear un ambiente de anarquía, donde no sabemos qué propone al Ecuador (…) que no sea destruir la ciudad de Quito, atacar edificios públicos, secuestrar periodistas, policías, y atacar cobardemente por la espalda (…) al señor Leónidas Iza hay que enfrentarlo con la Constitución y con la ley en la mano diciéndole claramente que esas actitudes anárquicas contravienen la Constitución y las disposiciones legales (…) y lo vamos a enfrentar con todo el poder del estado, con toda la fuerza pública, para que quienes quieran anarquizar este país, interrumpir servicios públicos, y profundizar una crisis económica ya de por sí afectada por la pandemia, termine con sus huesos en la cárcel, porque no hay más alternativa si quieren anarquizar a este país (..) es un hombre tan violento, que quiere someter a algunas mujeres a la justicia indígena. Eso es una agresión contra la mujer ecuatoriana (…) Leonidas Iza es uno de los hombres más violentos contra la mujer ecuatoriana.”
El discurso violento y despectivo de Guillermo Lasso estigmatiza la labor que realizan las dirigencias sociales y políticas, de movimientos sociales e indígenas, ataca de manera infundada y temeraria a Leónidas Iza, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y reduce los procesos de resistencia, decididos de manera colectiva y democrática al interior de las organizaciones, a meras acciones individuales. Al atacar a la dirigencia, evidentemente, se busca enviar un mensaje intimidatorio a toda la colectividad.
Las declaraciones del Presidente Lasso, además son preocupantes, pues revelan su profundo desconocimiento, que raya en la ignorancia, de las obligaciones constitucionales y convencionales que debe cumplir en el marco de los derechos humanos, entre ellos, el Acuerdo de Escazú que le obliga a garantizar un entorno seguro para el desempeño de la labor de las personas defensoras de derechos.
Así, desconoce los derechos que tenemos los/as ciudadanos/as a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, el derecho a la protesta, a la resistencia ante políticas y disposiciones abusivas y lesivas. Estos derechos son fundamentales en una sociedad democrática. Guillermo Lasso, también desconoce los estándares internacionales que debe cumplir respecto del derecho al debido proceso pues, desde su tarima, él ya decidió que el Presidente de la CONAIE es violento y amenazó con enfrentarse con todo el poder del Estado. La función ejecutiva que Lasso preside, no es la autoridad competente para enviar a ninguna persona a la cárcel, ni puede amenazar con desplegar violencia estatal contra quienes defendemos derechos humanos y disentimos de políticas o disposiciones legales arbitrarias, abusivas e inconstitucionales. La defensa de derechos humanos, colectivos y de naturaleza mediante acciones de protesta y/o resistencia no son actos criminales y por ende no están sometidos al derecho penal para castigarlos o silenciarlos.
Asimismo, son preocupantes las declaraciones del Presidente Lasso en relación con el uso de la fuerza pública para reprimir a manifestantes, y particularmente al Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza. Le recordamos al Presidente Lasso, como lo ha dispuesto la Corte Constitucional en varios de sus dictámenes, que aún en estado de excepción, es su obligación garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, que se fundamenta en las libertades de conciencia, pensamiento, asociación, reunión y expresión.
Preocupante es también el desconocimiento del señor Guillermo Lasso, Presidente de la República, de una institución reconocida y garantizada en la Constitución, como es la Justicia Indígena. Así, a través de sus declaraciones erráticas y abusivas, insiste en estereotipos y pretende posicionar en el imaginario colectivo que esta justicia es per sé violenta y que vulnera los derechos de las mujeres. Recordamos al Presidente Lasso, que la Asamblea Nacional Legislativa, en julio de 2020, dictó Amnistías para 20 personas criminalizadas por haber ejercido justicia indígena; asimismo, que la Corte Constitucional, única entidad facultada para revisar sentencias de justicia indígena, ha establecido estándares para su respeto y garantía, que deben ser cumplidos -y conocidos- por el Estado y sus funcionarios/as.
Por otra parte, en la coyuntura actual, cuando en el gobierno de Guillermo Lasso se han producido tres de las peores masacres de la historia ecuatoriana en los centros de privación de libertad, y cuando el propio Gobierno, ha reconocido que no tiene el control de los mismos, el amenazar a personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza con terminar con sus huesos en la cárcel, constituye amenazarlas con la muerte, como ya ocurrió con el defensor del Agua de Molleturo Víctor Guaillas, a quien no olvidamos.
El Presidente de la República, desconoce o pretende hacerlo, que un diálogo de buena fe, se lo realiza sin estigmatizar a la otra parte, escuchando todos los puntos y buscando llegar a acuerdos. Lasso, al afirmar que “no se sabe lo que quiere Iza”, falta a la verdad. Él y toda la ciudadanía, hemos sido debidamente informados de las concretas seis demandas del movimiento indígena: 1) Revisión precios de combustibles; 2) Moratoria y renegociación de deudas, revisión tasas de intereses; 3) precios de sustentación, precios justos; 4) Reforma laboral para generación de empleo digno, y no precarización laboral; 5) Moratoria de ampliación de fronteras extractivas, proyectos mineros a cielo abierto; y 6) cumplimiento de derechos colectivos, y a la consulta previa vinculante[2].
También resulta gravísimo que el máximo representante del Gobierno, que se autodefine como “el gobierno del encuentro”, haya excluido y estigmatizado a las personas “anarquistas”, a quienes ha amenazado con fuerza y cárcel. Recordamos que en el Ecuador se reconoce, a través de su Constitución garantista y de los sin número de tratados internacionales suscritos, todas las formas de pensamiento, todas las corrientes filosóficas (como lo es el “anarquismo”). La historia nos trae terribles y dolorosos ejemplos de lo que pasa en sociedades que buscan eliminar determinadas formas de pensamiento y aniquilar a quienes las profesan, y que en reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo establece[3].
En definitiva, el Gobierno de Lasso falta a la verdad, y amenaza, intimida, estigmatiza desde su discurso a quienes disienten o disientan del proyecto político actual. Toda esta forma sesuda y mesurada de estigmatizar, amenazar con la criminalización y la muerte a las y los opositores, se produce en un contexto de acumulación de riquezas, que favorece a unas cuántas empresas, principalmente extractivas.
Así, en este mismo enlace presidencial, Guillermo Lasso daba la noticia que inició una promoción de cartera de negocios, Ecuador Open for Business, en la cual promueve actividades extractivas hidrocarburíferas y mineras, todas estas actividades inconsultas. Por ello, advertimos que en este contexto, los anuncios de represión del gobierno estarían relacionados a dar paso a las actividades extractivas en detrimento de los y las defensoras de la naturaleza, colectivos y de los derechos humanos.
Por otra parte, como organizaciones de derechos humanos señalamos la contradicción, por una parte entre el Ecuador de Lasso, donde se ha informado del aumento de la mendicidad en un 300%[4], y por otra entre la calificación de un aumento salarial -justo e indispensable- como muestra del “rostro humano” de la relación laboral. El gobierno no aborda y deja de lado la situación de aquellas personas vulnerables quienes no cuentan con trabajo, que no pueden ser parte de la dinámica económica y quienes están también excluidos y excluidas del dicho “gobierno del encuentro”.
La distinción entre quién es parte de una sociedad y por lo tanto puede expresar su expresión y su disenso, y quienes no, es contrario a una concepción democrática y plurinacional del Estado ecuatoriano, como lo establece la Constitución. Como organizaciones de derechos humanos en junio de 2021 publicamos un informe sobre la situación de riesgo en la que se encuentran las personas defensoras en el Ecuador, en tan solo 22 casos identificamos 449 personas en riesgo y 119 personas criminalizadas por la defensa de derechos.
Por todo lo anterior, ante las violentas y preocupantes declaraciones que realizó el presidente Guillermo Lasso, desde la Alianza por los Derechos Humanos y organizaciones que suscriben:
- Nos solidarizamos con el señor Leonidas Iza, Presidente de la CONAIE, y con el movimiento indígena de Ecuador, ante las declaraciones violentas, estigmatizaciones y amenazas proferidas por el Presidente de la República el 21 de diciembre de 2021. Le recordamos al presidente Lasso y a la institucionalidad concernida que la Integridad de Leonidas Iza y las garantías para el desarrollo de sus acciones dirigenciales y defensa de derechos colectivos son obligación estatal;
- Rechazamos que Guillermo Lasso busque intimidar a todas quienes defendemos derechos humanos, colectivos y de la naturaleza mediante el uso de nuestro legítimo derecho a la protesta y la resistencia con amenazas de encarcelamiento;
- Exigimos que el Estado ecuatoriano, cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales y garantice a todas las personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza un entorno propicio para que podamos desempeñar nuestra labor;
- Demandamos que se garanticen los derechos constitucionales que son fundamentales en una sociedad democrática: el derecho a la libertad de conciencia y pensamiento, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, de asociación, a la protesta social y el derecho a resistir. Y, consecuentemente, que el Estado se abstenga de instrumentalizar la justicia y/o utilizar la fuerza pública para conculcarlos.
- Exigimos el respeto a la democracia que en definitiva significa respetar el disenso y su expresión pública, ya sea en los tribunales como en las calles.
Como Alianza por los Derechos Humanos y organizaciones que suscribimos seguiremos exigiendo del Estado ecuatoriano el respeto y garantía de todos los derechos fundamentales en una sociedad democrática y la protección de personas defensoras.
¡Verdad, justicia y reparación!
Tomado de: Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador
Las organizaciones sociales y de derechos humanos que suscriben:
[1] Enlace presidencial: “Encontrémonos por la ciudadanía”, 21/12/2021, Presidencia de la República del Ecuador, https://www.youtube.com/watch?v=fDX4jTYxGKM
[2] Comunicado Público, CONAIE, 11/11/2021, https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1458852412672946178/photo/1. // El Gobierno y la Conaie hallan tres puntos de consenso, El Comercio, 10/11/2021
https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/guillermo-lasso-conaie-dialogos-delegados.html;
[3] Comunicado de Sentencia por desapariciones forzadas. CIDH, 21/12/2021; https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_107_2021.pdf
[4] El repunte de la mendicidad, El Expreso, 20/12/2021, https://www.expreso.ec/actualidad/repunte-mendicidad-117765.html
