Por: Nelson Atupaña Chimbolema
Kichwa de la Nación Puruhá, Abogado
Foto portada: Muro Joselito Carvajal
Diciembre 10 de 2020
La crisis sanitaria del Covid-19 en el país ha terminado convirtiéndose en una masiva, constante y aberrante vulneración a los derechos y en particular a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Las prioridades del gobierno nacional durante la pandemia siempre ha sido la implementación de políticas públicas discriminatorias, atentatorias y de vulneración a los derechos, pero en particular a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Existe una afectación directa y constante a los derechos humanos y sobre todo a los DESC de la población ecuatoriana en su conjunto durante toda la pandemia del Covid-19.
La Constitución de la República en el Art. 11, establece que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Además, el Estado ecuatoriano ha suscrito un sinnúmero de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que reconocen precisamente los DESC, sin distinción alguna. Es así que, encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948; en igual sentido, en su compromiso por los derechos humanos, Ecuador ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Así mismo, en cuanto a sus obligaciones ante el Sistema Interamericano tenemos la Declaración de los Derechos y Obligaciones del Hombre y finalmente el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales más conocido como (Protocolo de San Salvador).
De ahí que, en un contexto de una pandemia del Covid-19 en el país, lo fundamental desde el gobierno nacional era precisamente el de garantizar, proteger y tutelar los derechos y sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales como: el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al trabajo y empleo, a la alimentación, a la seguridad social, al agua para sus habitantes, etc., y sin dejar de lado el derecho a la vida de la población ecuatoriana. Por tanto, ante esta crisis sanitaria de esta envergadura, las políticas públicas que el gobierno nacional tenía que implementar, debía ser con un enfoque de garantía, protección y tutela de los derechos y sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
Sin embargo, las políticas públicas y las decisiones adoptadas desde el gobierno nacional han sido totalmente discriminatorias, atentatorias, de vulneración a los derechos que encontramos en la afectación en el derecho básico como es el derecho a la salud de la mayoría de las personas ecuatorianas, dado que fuimos testigos de la catástrofe que se produjo del contagio de las personas y los cientos y miles de muertos en la ciudad de Guayaquil en los meses de marzo y abril. Así como, lo catastrófico que acontece en la provincia de Pichincha y en particular en la ciudad de Quito que tiene el número más alto de personas contagiadas a nivel nacional. Además, cabe recalcar que hasta el día de hoy el gobierno nacional no ha dado una información adecuada, objetiva, clara, transparente y contrastada, con la cual se pueda determinar el número exacto de las personas contagiadas, aquellos que murieron por el coronavirus, aquellos que han muerto por causas naturales o aquellos que murieron por causas sospechosas del covid-19 en las provincias de Guayas, Pichincha como del resto de las provincias del país.
A su vez, el sector privado de la salud estuvo listo para asumir esta tarea si de por medio se avizoraban jugosas y extraordinarias ganancias para este sector. Pero, la salud en manos privadas implica enfermedad y muerte para los sectores más pobres, marginales, comunidades y pueblos indígenas, tal como lo hemos podido ver a lo largo del tiempo que transcurre por afectación de la pandemia, pues los muertos son los pobres de barrios rurales, marginales, comunidades y pueblos indígenas, pobres que no pueden ni han podido acceder a un servicio médico público totalmente ineficiente, colapsado y saturado y que además estos sectores no pueden pagar por un tratamiento en el sector privado de la salud.
En la misma línea, ocurre con el derecho a la educación, ya que el gobierno nacional, el exministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez y el Ministerio de Educación tomaron medidas económicas en contra de la educación básica y media. Es así que, la Ministra de Educación emitió las directrices correspondientes para la reducción presupuestaria, como por ejemplo la disminución de USD 274 mil para la educación básica superior, es decir octavo, noveno y décimo nivel. Así como, la suspensión de proyectos en el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia donde se disminuyó alrededor de USD 7 millones, también la reducción de USD 88 mil al Programa de Alfabetización y para el Programa de Post alfabetización, el recorte ascendió a USD 519 mil.
Además, se debe considerar que en el Ecuador solo el 37% de los hogares tienen acceso a internet, lo mismo que si consideramos que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha señalado que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes no pueden continuar con sus estudios a través de las plataformas digitales y hace énfasis que la situación es alarmante para los niños/as y adolescentes que se encuentran en aquellas zonas rurales y marginales del país, donde aproximadamente solo el 16% de estos hogares tienen acceso a este servicio y a los medios tecnológicos. Y esto es aún más catastrófico en las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas donde aproximadamente tan solo el 7% de estos hogares tienen en alguna medida acceso a internet, así como a los medios tecnológicos. Y frente a esto, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales (DESC), recomendó firmemente al Estado ecuatoriano aumentar las inversiones en el sistema de educación y alcanzar el 6% del PIB tal como lo dispone la Constitución de la República.
Del mismo modo, se vio afectada el derecho a la educación superior con las políticas públicas y las decisiones adoptadas desde el gobierno nacional, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y el exministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, quienes en perjuicio de este derecho redujeron algo más de USD 98´210.190 en el presupuesto de 32 instituciones de Educación Superior Pública, afectando directamente al derecho a la educación garantizada en la Constitución e instrumento internacionales. Además, antes de la pandemia por Covi-19 en el país, el gobierno nacional de Lenin Moreno y el Ministerio de Economía y Finanzas ya redujeron el presupuesto a la educación pública, así tenemos en el año: 2018: USD 83 millones; 2019: USD 90 millones; 2020: USD 98 millones, sin embargo, el Gobierno Nacional por ejemplo en el año 2019 condonó las deudas por más de USD 4.500 millones de dólares a los grupos empresariales y financieros quienes durante el transcurso de esta crisis sanitaria no han aportado con fondos solidarios reales.
Lo mismo ocurre, con el derecho al trabajo, puesto que en medio de las circunstancias sociales y económicas que actualmente viven los trabajadores del país y que tienen matices catastróficos. El sector empresarial encontró el mejor momento para iniciar una ola masiva de despidos, de rebajas de salarios y de “propuestas” de nuevas formas de contratación laboral, de eliminación de entrega de utilidades, etc. Además, durante lo que va de la crisis sanitaria y según datos de un sub registró presentados por la Central Unitaria de Trabajadores – CUT y el Frente Unitario de Trabajadores – FUT algo más de 400.000 trabajadores del país habrían perdido sus respectivos trabajos, ya que fueron despedidos y dados por terminado su relación laboral desde el 15 de marzo de 2020 hasta lo que va del mes de noviembre de 2020. Esto, a pesar de que el pasado 12 de marzo 2020 el gobierno de Lenin Moreno ofreció que no habría despidos mientras el país enfrenta la pandemia, la misma que no ocurrió. Asimismo, hay que tomar en cuenta que de los 8’0000.000 de la población económicamente activa en el país algo más de 5’200.000 de la población ecuatoriana no tiene un pleno empleo y tan solo 2’800.000 de la población económicamente activa tiene un empleo pleno.
Por tanto, el gobierno nacional lo único que ha generado con la implementación de este tipo de políticas públicas en materia económica, es que las personas simplemente van a tener menos acceso a un sistema de salud púbica adecuada y eficiente, que las personas van a tener menos acceso a un sistema de educación pública de calidad, que las personas van a tener menos posibilidades de encontrar un trabajo o de mantener un trabajo, que las personas van a tener menos posibilidades de tener una vivienda digna, que las personas van a tener menos posibilidades de tener una seguridad social, que las personas van a tener menos posibilidades de tener un ambiente o un medio ambiente sano y de garantizar los derechos de la naturaleza, etc.
Finalmente, el Estado tiene la obligación de proteger, tutelar y garantizar los derechos, en particular los (DESC) de la población ecuatoriana en todo momento y sobre todo en el actual contexto por la pandemia del covid-19. Es decir, que todos tengan el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y empleo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la alimentación y sin dejar de lado el derecho a la vida, en vista de que actualmente en el Ecuador se tiene una Constitución sumamente garantista de derechos como los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
