La semana pasada han sucedido algunos hechos muy importantes para el país que, sin embargo, han permanecido poco visibles ante la opinión pública.
El 17 de febrero, campesinos de Kimsacocha denunciaron el inicio de actividades mineras por parte de la compañía Dundee Precious Metals en la zona. Un acto de prepotencia y de fuerza que violenta la decisión expresa del pueblo de Azuay manifestada en la consulta popular del 2021 donde el 82% de los azuayos dijeron que no se debe realizar ningún tipo de actividad minera en zonas de recarga hídrica.
Pero casi paralelamente y durante toda la semana anterior, los principales medios de comunicación dedicaron extensos espacios para entrevistas a “analistas políticos” que justifican la actividad minera debido a su potencialidad de crecimiento en la demanda mundial. Al mismo tiempo, durante la misma semana, los mismos medios de comunicación pasaron programas de investigación donde se posiciona el “vínculo de la minería ilegal con el terrorismo” y obviamente orientados a justificar la intervención del ejército y la policía contra todos los “terroristas” que se oponen a la minería. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿Acción acordada y concertada de los grupos de poder para legitimar la ruptura de un mandato popular y abrir paso a las corporaciones transnacionales mineras en los páramos de Kimsacocha y en todo el Ecuador?
Curiosamente, también se realizó en Quito una reunión con los posibles candidatos a la alcaldía, un evento promovido por la Fundación Participación Ciudadana que espera con esto, lograr que no se repita lo que ha venido ocurriendo en todo el país en los procesos electorales: triunfos pírricos y autoridades ilegítimas que reciben apoyos mínimos de los electores. Es un intento de salvar una institucionalidad que se va al tacho de basura por la gestión de una clase política que sigue repitiendo los errores de las autoridades de siempre: usar el Estado como botín de guerra, saquearlo para beneficio de sus grupos empresariales, banqueros y corporaciones transnacionales. Burguesías parasitarias que viven del Estado y que despojan al pueblo de sus mínimos derechos.
Y para abonar esta serie de desaciertos, el presidente Lasso, después de haber dicho durante el proceso electoral que respetará la decisión de las instituciones correspondientes frente al tema de la despenalización del aborto en caso de violación, ahora, frente al acuerdo logrado en la Asamblea Nacional para normar este derecho constitucional, ha manifestado que él cree en la “defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte”. ¿Crónica de un veto anunciado? Pues eso mismo. Nada le importa lo dicho para ganar los votos, una vez en el poder se olvida de la Constitución, de la ley, de sus propias palabras y la ingenuidad del pueblo que les creyó.
Pero aún hay más. El directorio del IESS planifica disminuir las mensualidades de los jubilados, subir los años de aportes, o subir los aportes de los afiliados. O sea que, además de que no hay medicinas, ni especialistas, ni atención adecuada, además del desfinanciamiento debido al no pago del 40% que le corresponde al Estado, acto materializado por Correa y seguido por los otros gobiernos, se camina directamente hacia la privatización del IESS. ¿Así, sin más? ¿Será mejor el IESS en manos privadas, que solo buscan apropiarse de los fondos de cesantía desde hace años? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se tuerza la ley, que se burle la voluntad popular, que se juegue con la vida de los afiliados y afiliadas al IESS, que se pisoteen los derechos de los trabajadores, de los estudiantes, de todo el pueblo?
¿Y, qué pasa con la izquierda o los partidos que podrían detener semejante afrenta?
¿Y el resto del país? ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
Toda la parafernalia sobre el incremento de la delincuencia que, si bien es un hecho real, ¿acaso está logrando el objetivo de ocultar todo este intento de las clases dominantes para privatizar lo que quieran, a espaldas del pueblo ecuatoriano? ¿Y pasar la reforma laboral? Ya lo hicieron con la reforma tributaria, aprobada con complicidad del correísmo. ¿Qué más falta? ¿No es hora de armar verdaderos frentes de resistencia en contra de estos abusos? ¿No es hora de acabar con toda esta farsa institucional que nos tiene atados al subdesarrollo, al empobrecimiento, a la indignidad?
Convocamos a las organizaciones populares, a los colectivos y organizaciones de izquierda, a todos y todas las ciudadanas a tomar conciencia de estas situaciones y a actuar para rechazar todos estos atropellos, a dejar oír su voz desde todos sus espacios, y a trabajar para conformar un Frente Social y Político desde el cual se enfrente a este proyecto de muerte que va implementándose en el país.
Por: Xavier Guachamín. Comuna Rebelión. Foto portada: Comunicación Confeniae. Febrero 25 de 2022
