Tomado de: Detrás del poder
Tras la nulidad del proceso judicial en contra del ex prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, ha quedado al descubierto una preocupante realidad: la justicia fue utilizada como herramienta de persecución política, afectando gravemente la imagen, honra y trayectoria de una persona que dedicó su vida al servicio público.
Durante meses, se construyó un relato mediático de culpabilidad sin que existiera una sentencia firme. El objetivo fue claro: desprestigiar, debilitar y sacar del camino a un líder incómodo para ciertos intereses. Hoy, al declararse la nulidad del proceso, no solo se confirma que no se respetaron los principios del debido proceso, sino que también se evidencia que se operó con alevosía y cálculo político.
Los daños ya están hechos. Las heridas personales y familiares, el impacto social y la violencia simbólica ejercida desde medios y discursos de poder no se borran con una simple resolución jurídica. ¿Quién repara la destrucción de una reputación construida durante años?
Este caso debe servir como una advertencia clara: la instrumentalización de la justicia destruye vidas, socava la democracia y abre peligrosos precedentes. Es urgente que quienes usaron el sistema judicial para fines políticos rindan cuentas ante el país y ante la historia.
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