Emergencia sanitaria: Vulneración de derechos económicos, sociales y culturales en el Ecuador

Por: Nelson Atupaña Chimbolema
Kichwa de la Nación Puruhá, Abogado
Junio 9 de 2020

Primera parte; Parte dos

El lunes 16 de marzo de 2020 el presidente, Lenin Moreno, mediante Decreto Ejecutivo N°. 1017 declaró y dispuso el Estado de Excepción y Toque de Queda por calamidad pública en todo el territorio nacional, ocasionado por el número de casos de coronavirus y por la declaratoria de pandemia de Covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esta  declaratoria de estado excepción ha sido extendida por el Gobierno Nacional por dos ocasiones, la última fue adoptada el 15 de mayo de 2020 mediante Decreto Ejecutivo N°. 1052 con la cual se extendió esta medida por 30 días más.

Esta crisis sanitaria es universal por lo que el Ecuador no es la excepción, pero a propósito de esta crisis sanitaria del Covid-19, en el país se está ocasionando una masiva, constante y aberrante vulneración de los Derechos Humanos y en particular a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Las prioridades del Estado, a través del Gobierno Nacional siempre van y han ido por el lado de la implementación de políticas públicas discriminatorias, atentatorias y de vulneración a los derechos, sobre todo a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). A pesar de que, el Estado está en la obligación de ejecutar políticas públicas que efectivamente garanticen la protección y tutela de los derechos y sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la población en su conjunto.

La Constitución de la República en el Art. 11 establece que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. De manera que existe una afectación directa y constante sobre los derechos humanos y en particular sobre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de la población ecuatoriana durante la crisis sanitaria y pandemia de Covid-19. Cabe recordar que el Estado ecuatoriano ha suscrito un sinnúmero de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos que reconocen precisamente estos derechos económicos, sociales y culturales (DESC) sin distinción alguna.

Estos instrumentos encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. En igual sentido, en su compromiso por los derechos humanos, Ecuador ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Así mismo, en cuanto a sus obligaciones ante el Sistema Interamericano tenemos la Declaración de los Derechos y Obligaciones del Hombre y finalmente el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más conocido como (Protocolo de San Salvador).

De modo que, cuando estamos en un contexto de una pandemia como la crisis sanitaria del Covid-19 en el país, lo fundamental desde el Estado es precisamente garantizar, proteger y tutelar los derechos y sobre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como: el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al trabajo y empleo, a la alimentación, etc., y sin dejar de lado el derecho a la vida de la sociedad ecuatoriana.

Sin embargo, desde el Estado a través del Gobierno Nacional únicamente implementan políticas que solo van en perjuicio y menoscabo de los derechos, por ser discriminatorios y que vulneran a los derechos humanos y en particular a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Estas políticas públicas implementadas desde el Gobierno Nacional siempre están dirigidas únicamente hacia ciertos grupos de personas, que por lo regular históricamente han sido los sectores o grupos más vulnerables de la sociedad ecuatoriana y obviamente afectando los derechos de estos grupos de personas o sectores.

De tal forma que, ante esta crisis de esta envergadura las políticas públicas que se implementen desde el Estado deben ser con un enfoque de garantía, protección y tutela de derechos humanos y sobre todo a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Por ende, el Gobierno Nacional debe empezar reconociendo primero que esta crisis al menos en el caso ecuatoriano no era nuevo, en el sentido de que precisamente no nació el 29 de febrero del presente año en el Ecuador, sino más bien el Gobierno Nacional ya conocía sobre los resultados y sus impactos que tenía el Covid -19 desde finales del mes de diciembre de año 2019 en China y en Europa, conocía entonces sobre cuál era la tendencia y cuáles eran los problemas que se podrían derivar.

Por ende, el Gobierno Nacional conocía perfectamente que la mayor vulnerabilidad de la pandemia del coronavirus no era tanto en las personas en contagio, sino el colapso del sistema de salud en el país. De tal forma que, el Estado a través del Gobierno Nacional tenía la obligación sobre todo el de garantizar como mínimo la prestación de un servicio público de salud eficiente y adecuada para toda la población ecuatoriana. Por lo que, era indudablemente necesario que el Gobierno Nacional tomara ciertas medidas necesarias de contención frente a la pandemia y frente al contagio masivo con el Covi-19 de las personas en particular en las provincia del Guayas, Pichincha y en el resto de las provincias del país.

De tal forma que, las políticas públicas y las decisiones adoptadas desde el Gobierno Nacional han sido tardías y que obviamente han afectado el derecho básico como es el derecho a la salud de la mayoría de las personas ecuatorianas, ya que hemos sido testigos de la catástrofe que se ha producido del contagio de las personas en las ciudades de Guayaquil, Quito y en el resto del país, donde han habido cientos y miles de muertos. Sin embargo, hasta el día de hoy el Gobierno Nacional no ha dado una información pública adecuada, clara, transparente y contrastada, con la cual se pueda determinar el número exacto de las personas contagiadas, aquellos que murieron por el coronavirus, aquellos que han muerto por causas naturales o aquellos que murieron por causas sospechosas del covid-19 en las provincia del Guayas, Pichincha como en el resto de las provincias del Ecuador.

De modo que, el Gobierno Nacional ha demostrado su incapacidad en el manejo de la crisis sanitaria provocada por el Covid -19 en el país. Es así que, el sector privado de la salud estuvo listo para asumir esta tarea si de por medio se avizora jugosas y extraordinarias ganancias para este sector. Pero, la salud en manos privadas implica enfermedad y muerte para los sectores más pobres y marginales del país, tal como lo podemos ver ahora con la pandemia, pues los muertos son los pobres de barrios rurales, marginales y pobres, pobres que no pueden ni han podido acceder a un servicio médico publico totalmente ineficiente, colapsado y saturado y que además no pueden pagar por un tratamiento en el sector privado de la salud.