Incertidumbre sobre la vigencia de la Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural -LOEI.
El pasado 9 de marzo de 2021, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, mismo que el ex presidente de la República Lenín Moreno remitió al Registro Oficial para su publicación el 10 de abril del 2021.
Si bien es cierto que, esta Ley se reformó luego de años de seguimiento e insistencia de parte de docentes y colectivos de educadores. Lo destacable es que, la reforma incluye un conjunto de articulados que reconocen y valoran al docente, que elimina el bachillerato general unificado y que elimina el examen ser bachiller como requisito para graduación y acceso a la educación superior.
No obstante, entre los aspectos más polémicos es el nuevo escalafón docente que establece como base salarial de los docentes del magisterio una remuneración no menor a los 2.5 salarios básicos (USD 1.000). Además, esta nueva escala cuenta de 10 categorías. Por otra parte, con la reforma a la LOEI, los maestros contarán con un sistema de jubilación especial, esto es, acceder a este beneficio tras 25 años de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (300 aportaciones), sin importar su edad. Claro, para acceder a la pensión jubilar antes de dicha reforma los docentes debían cumplir 30 años de aportaciones.
Lamentablemente, luego de más de un mes de vigencia, entre otros, los dos aspectos señalados anteriormente, han originado incertidumbre sobre la aplicabilidad. El pasado 21 de mayo de 2021 Álvaro Galarza (representante legal del Iess) y el abogado Javier Bustos (a título personal) presentaran al Segundo y Tercer Tribunal de la Corte Constitucional dos demandas de inconstitucionalidad. Bajo este pedido, el Segundo Tribunal, concedió la medida cautelar de suspensión provisional de la vigencia de la Ley hasta que la causa sea resuelta en la Corte Constitucional. Vale señalar que, según el ex Ministro Mauricio Pozo, esta mejora salarial conlleva un incremento en el presupuesto anual en más de 2900 millones de dólares.
Más allá de un esfuerzo presupuestario, es importante analizar la importancia que conlleva reconocer y valorar al docente. Un estudio de publicado en 2013 por la Fundación Varkey muestra que en países como “Corea del Sur, Singapur y Finlandia, la docencia tiene un alto estatus, los profesores son bien tratados, bien remunerados y el desarrollo profesional va en consonancia”. No es coincidencia, que en estos países donde existe valoración al docente muestran liderazgo mundial en el desempeño estudiantil, conforme al ranking educativo PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) que evalúa cada tres años a estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias.
Bajo esta realidad, valorar al docente es un acto de reconocimiento en pro del compromiso para que los docentes sean promotores de una mejora en la calidad de la educación y en consecuencia un mejor futuro de niños, niñas y jóvenes. Además, la Constitución ecuatoriana en su disposición transitoria decimoctava establece que el Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos 0.5% del PIB hasta alcanzar un mínimo del 6% del Producto Interior Bruto, realidad que hasta la actualidad no se ha cumplido. Según Cepal, en 2018 el gasto en educación representó el 4.5% del PIB. No obstante, en 2019 y 2020 este gasto se redujo.
Evidentemente, la aprobación a la vigencia de la ley reformatoria realizada ayer (1 de junio) en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional ha creado gran expectativa en el país. Sin embargo, debido al problema fiscal y la necesidad de que el docente ecuatoriano sea mejor valorado y reconocido, creo que es fundamental encontrar los caminos más adecuados para que se dé cumplimiento, más aún cuando el pueblo ecuatoriano es testigo que esta reforma fue aprobada en la Asamblea Nacional con los votos de la bancada del gobierno actualmente en funciones.
Ahora bien, ¿Qué podemos decir a cerca de la reforma y sus contribuciones a la educación intercultural bilingüe – EIB? Por un lado, con esta reforma se ratifica la creación de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, en condiciones similares al Decreto Ejecutivo 445 del 6 de julio de 2018 que reemplazó a la Subsecretaría del Sistema de EIB. Adicional al Decreto y la anterior Ley Orgánica de Educación Intercultural, se atribuye a la Secretaría la etnoeducación del pueblo afroecuatoriano y del pueblo montubio. Cabe señalar que, el 5 de mayo de 2016, mediante acuerdo ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00045-A, el Ministerio de Educación reconoció la etnoeducación y delegó a la Subsecretaría de EIB la ejecución de políticas públicas.
De su parte, no existen cambios significativos con relación a la subsecretaría creada en la anterior Ley. Se mantiene la autonomía administrativa, técnica y pedagógica, y los mismos órganos desconcentrados en cada zona y distritos interculturales y bilingües que regulará el Ministerio de Educación, excepto en distritos con mayor población de los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes o montubias, donde formarán parte del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, cuya autoridad será nombrada mediante concurso de méritos y oposición por la Autoridad de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. Realidad que es preocupante debido al mínimo número de distritos que cuentan con población mayoritaria perteneciente a pueblos y nacionalidades.
Adicionalmente, la reforma a la LOEI incluye que, en zonas con mayor presencia de pueblos y nacionalidades, el coordinador zonal pertenecerá a ese pueblo o nacionalidad.
Finalmente, se elimina la disposición transitoria décima segunda de la LOEI que establecía que el sistema de educación intercultural bilingüe debe tener un presupuesto preferencial para mejorar la calidad educativa en las siguientes áreas: formación y capacitación docente, infraestructura educativa, formación y participación comunitaria, elaboración y dotación de materiales didácticos e implementación de las tecnologías de información y comunicación. Situación que no se cumplió y que fue necesario mantener.
Por: Pedro Cango. Kichwa-Saraguro. Economista y estudiante de doctorado en economía en la Universidad Complutense de Madrid. Foto portada: Tomado del Muro de Guadalupe Llori. Junio 2 de 2021
