La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos concluye que el Estado peruano es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de diciembre del 2022. Gran parte de las vulneraciones -constatadas-, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado peruano ha suscrito y ratificado. Es por ello, que resulta indubitable la responsabilidad internacional del Estado peruano por las violaciones constatadas.
-La Misión de Solidaridad y DDHH concluye que el Estado de Derecho y el orden democrático en Perú se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiéndose garantías judiciales básicas y elementales. Asimismo, advierte una interrupción de la continuidad constitucional en la titularidad del Poder Ejecutivo, en tanto que el ex presidente constitucional fue destituido sin observar el procedimiento expresamente previsto en la norma magna del Estado.
-Al pueblo peruano le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma multitudinaria y pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática.
-La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. El Estado peruano no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil.
-El Estado peruano hizo uso de modo abusivo, arbitrario e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH.
-El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables.
-El Estado peruano debe ser investigado por los homicidios, torturas, tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas armadas y de seguridad regulares.
-El Estado peruano debe ser investigado por la utilización de armamento sofisticado y letal en violación de los protocolos y normativa internacional vigentes.
-El Estado peruano debe ser investigado ya que impidió, limitó y condicionó deliberada y violentamente, la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
-El Estado peruano y sus agentes deben ser investigados atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.
Por: Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos. Informe Final: Violación de los Derechos Humanos en Perú. (Dic. de 2022 – Feb. de 2023). Marzo 16 de 2023
