Levantamiento, plurinacionalidad y poder social[1]
“¡Comiendo granos del campo soportaremos la tormenta carajo!”
Comunera de Punín – Provincia de Chimborazo,
durante el levantamiento de 2019
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Para muchos historiadores el 11 de septiembre de 1973 es el inicio de la aplicación del neoliberalismo a lo largo y ancho de Abya Yala (la América indígena, negra, mestiza y popular). El principio de una violencia en todas las dimensiones de la vida. Chile, abrió, de la mano de la dictadura de Pinochet, el camino a una época de despojo del mundo: privatizaciones de los bienes públicos, desmantelamiento de los mínimos derechos alcanzados en los Estados, profundización de la explotación a lxs trabajadorxs, avance del despojo de territorios indígenas, rompimiento de los lazos sociales que tejen a los pueblos por la precarización y la competencia por la sobrevivencia, el cierre final de las reformas agrarias con la consiguiente migración masiva del campo a la ciudad y un largo etcétera de agravios y males impuestos sobre los hombros de los pueblos.
El neoliberalismo no es sólo un paquete económico, es un modo de dominación del capitalismo salvaje que se impone sobre gran parte de la vida humana y la Pachamama. Empobrecimiento económico porque la precarización laboral implica cada vez menor nivel de ingresos, y por tanto mayor nivel de explotación, menor posibilidad de tener los medios de existencia necesarios y mínimos para una vida digna.
El neoliberalismo es también despojo político porque, por un lado el empobrecimiento económico obliga a competir a los seres humanos salvaje y egoístamente por la supervivencia, quitando o reduciendo la posibilidad del encuentro, de la conversación, de la reflexión y organización colectiva –que es el sustento de la verdadera política de los pueblos–. Además, la realidad misma de la imposición de las medidas neoliberales –cartas de intención, políticas económicas hechas a espaldas de los pueblos– implicó la nula intervención de los pueblos en las decisiones que también le competen porque le afectan en la totalidad de la vida, y por tanto la anulación de la política de los pueblos.
Es también empobrecimiento de las relaciones sociales –es decir entre los seres humanos e incluso con la naturaleza– porque sus políticas quieren que las personas centren sus vidas en la competencia, en el emprendimiento capitalista, en la obtención de ganancias, en que cada ser humano ponga sus fuerzas y energías en su propia y precaria existencia, que la vida humana sea el soporte de la valorización del valor. El neoliberalismo es la violencia universal. La violencia se origina en el neoliberalismo como dominación de los pueblos y la naturaleza. La violencia viene de los grupos de poder que dominan el mundo (el 1% de ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza[2]).
Bolívar Echeverría decía que uno de los rasgos fundamentales del ser humano en sociedad es su capacidad de definir, transformar o reconfigurar la legalidad de la convivencia social, los asuntos de la vida en sociedad, sus proyectos de sociedad. Esa “capacidad de forma” se pone en juego en situaciones límites de la vida social, la (re)fundación de la sociedad, en la guerra como comunidad en peligro, o en las revoluciones cuando se trastocan las relaciones de mando-obediencia (Echeverría, 2011)[3]. Los levantamientos y la movilización social y popular son momentos en donde, si no se trastoca toda la estructura de la sociedad, sí se pone en suspenso el poder de mando social –expropiado por los grupos de poder y en el Estado–, y hace emerger a la vez un poder social o una capacidad política de autodeterminación.
René Zavaleta (2015) sugería a las crisis, es decir a los momentos de peligro del orden social dominante, como los espacios- tiempos más propicios para la ampliación del conocimiento social, porque implican fracturas y quiebres, no solo de las relaciones de poder político concreto, sino también de las relaciones de dominación ideológicas, de representación de la vida social. Las crisis, los momentos de peligro, permiten ver entonces, no solamente las relaciones constitutivas de dominación de una sociedad, sino también las grietas, fisuras o fallas de la ideología dominante y sus instituciones, de las estructuras de poder.
Los momentos de peligro, en donde se re actualiza lo político del ser humano en sociedad, permiten muchas veces descubrir un poder propio, un “darse cuenta” social de la capacidad política propia enajenada por el Estado como democracia liberal, o por las élites económicas como un poder social sustentado en la explotación. Los momentos de peligro posibilitan la re-apropiación del poder-hacer social (el ushay) y al hacerlo permiten modificar las relaciones de mando–obediencia, la suspensión de la dominación, así sea por un instante.
Los levantamientos y las luchas sociales, en sus momentos más álgidos, son relámpagos que permiten ver las relaciones ocultas de dominación que conforman una sociedad en un tiempo y espacio geográfico concreto. Dominación que en la vida cotidiana queda normalizada por su propio peso e inercia, pero que en los momentos de peligro para el orden social –pero de claridad para los pueblos por la luz del relámpago de la lucha– se torna visible y por tanto cognoscible, cuestionable y combatible. Si como decía el filosofo judío alemán Walter Benjamin (1942[2012]), las revoluciones son el freno de emergencia de la locomotora enloquecida del capitalismo, los momentos de peligro, permiten ver dónde está dicho dispositivo de suspensión que hace saltar el continum histórico social: en el poder-hacer social que se construye en la vida cotidiana y en la memoria larga, mediana y corta de las luchas de los pueblos, en sus comunidades y organizaciones.
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En el subterráneo del levantamiento de octubre no estuvo solo el paquetazo, el decreto 883, o derrocar a Moreno de la presidencia –vale decir, los pueblos han aprendido algo de la historia, y esta vez supieron que botar un presidente no solucionaría nada–. El levantamiento dejo ver que en el horizonte estaba la dignidad de la gente, de los pueblos, de “la gente que trabaja”, de los del páramo y la selva que sacaron a relucir sus esperanzas y también el hastío de la política desde arriba.
Frente a la violencia neoliberal, al despojo, al empobrecimiento económico, pero también al despojo político, una comunera de Punín – Provincia de Chimborazo, en los días del levantamiento dijo: “Todos tenemos derecho a decir algo”[4] para hacer saber al mundo que el gobierno de los empresarios y del FMI no puede imponer su voluntad negando la palabra y la vida de los pueblos. En el fondo, lo que reivindicó con su decir aquella digna comunera del páramo fue la capacidad política de los pueblos para decidir sobre sí mismos, sobre sus vidas. Capacidad política autónoma, limitada y perseguida en los casi diez años de la Revolución Ciudadana, y que el neoliberalismo renovado quiso despojar violentamente.
El levantamiento de octubre fue la emergencia de la capacidad política autónoma de los pueblos. No solamente se trataba de decir que no quieren al FMI, sino también de recordar a los gobernantes de turno quiénes son y dónde están en realidad los fundamentos del poder, del poder social para la vida. Un dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi decía en la Casa de la Cultura: “Más de cuarenta años de democracia y el Estado no ha encontrado forma de administrar para el pueblo. Hemos puesto para que gobierne para el pueblo, no que gobierne para el FMI”. Recordaba así que la soberanía debe estar en la gente, en los pueblos, en la sociedad y no en el gobierno de turno ni en el Estado, que una democracia limitada a la institucionalidad estatal es también violencia política porque implica quitar a los pueblos y a la sociedad en general su capacidad de definir sus destinos.
El levantamiento significó una apropiación o recuperación de la capacidad política propia de la sociedad, adormecida y amenazada por el correísmo, y luego por el neoliberalismo y el Estado de los empresarios arrimados a Moreno. Recuperación que se evidenció –acaso no de forma abierta y sostenida, pero si como momento de lucha que fue– en las tomas de las gobernaciones provinciales en Riobamba, Guaranda y Azoguez. “En Guaranda no tenemos gobernador – decían los levantados– ahí están los compañeros en su lugar”. En efecto, una vez tomados esos espacios institucionales se establecieron asambleas plurinacionales y populares que conversaron, reflexionaron, propusieron caminos, y en la práctica –así sea por un instante– recuperaron para sí mismos su capacidad de autogobierno.
En otros lugares, como Imbabura[5], frente a la brutal represión militar en las comunidades, éstas declararon el estado de excepción en sus territorios y retuvieron militares. Posterior, otras comunidades y la misma CONAIE enviaron un comunicado haciéndose eco de esa decisión[6]. En el fondo, estaban ejerciendo un poder desde abajo, un poder comunal y territorial, un poder que, a diferencia del poder estatal y empresarial contenido en la declaratoria de estado de emergencia y toque de queda, fue un poder para la vida. Un poder social que buscaba proteger un mínimo de garantías para la seguridad de las comunidades frente al poder de muerte que el Estado y su aparato represivo puso en marcha. Una vez más, los pueblos recordando sus propias capacidades políticas ejercieron y recuperaron para sí lo que el Estado ha despojado siempre, y lo sigue haciendo bajo la ficción de la democracia liberal: el poder social tejido en la memoria, en la práctica cotidiana de hombres y mujeres de las comunidades y las organizaciones de base.
Esa recuperación de la capacidad política autónoma de las organizaciones sociales se mostró también en una de las consignas del levantamiento: “Ni Correa, ni Moreno, solo el pueblos salva al pueblo”, que indicaba la clara posición de la movilización respecto de los grupos correístas que intentaban capitalizar la protesta para sus intereses particulares. El levantamiento de octubre de 2019 logró abrir una grieta en la política binarista de la Revolución Ciudadana, que oponía a su gobierno y a la derecha del país, dentro de la cual las organizaciones del campo popular ecuatoriano quedaron atrapadas y con poca posibilidad de acción política autónoma. La modificación radical de ese binarismo “progresismo o derecha”, mostró que la decisión de las organizaciones de mantener la movilización en la década correista, a pesar de la represión y exclusión y a contra corriente de otros sectores sociales, fue acertada para resguardar un mínimo de poder social y organización para hacer frente al nuevo neoliberalismo en marcha[7].
La mesa de negociación del domingo 13 de octubre puso frente a frente esas dos lógicas de poder. Por un lado, el tildado por el pueblo como “gobierno de los empresarios y del FMI”, la institucionalidad, sus ministros, sus aparatos represivos, en suma el poder del Estado, apropiado por las ficciones y limitaciones de la democracia del voto y manejado ocultamente por los verdaderos dueños de ese poder que son las oligarquías y grupos empresariales. Un poder que, alejado de la sociedad, pretendió mandar y gobernar para los fines del neoliberalismo y de los ricos del mundo. La lógica de este poder fue la negación de la gente, de los pueblos, de sus capacidades políticas. Fue la lógica de la exclusión, de la imposición, del supuesto y abstracto “bien general de la nación”, del engaño, del ocultamiento y la distorsión de la realidad. Fue y es la lógica de la violencia.
Frente a ese poder, la dignidad humana, la ira organizada, la lucha encarnada en personas, hombres y mujeres del páramo y de la selva, de los sectores populares, de la “gente que trabaja” y vive de su trabajo. Los dirigentes sabían que no son más que mandatarios de un poder colectivo, del poder que está en las comunidades, en las organizaciones, en la gente levantada, “el poder está abajo, lo otro es ilusión” decía un dirigente. Ese poder que es gobierno, “el gobierno de los pueblos y nacionalidades” decían. Ese poder y su gobierno se sentó y encaró al poder de la violencia organizada. El presidente de la CONAIE dijo “Yo también tengo un pueblo atrás mío que me presiona y que me está preguntando qué están negociando… hablo a nombre de las nacionalidades y pueblos, y venimos a cumplir y entregar un mandato de nuestro pueblo”.
El levantamiento –aunque no se haya dicho explícitamente– también fue por el Estado plurinacional, si entendemos a éste como el movimiento que devuelve el poder a las comunidades, a la sociedad organizada, que limita el poder del Estado colonial de las élites empresariales gobernantes, y posibilita que la sociedad, en su diversidad de formas políticas y organizativas, ejerza para sí el poder que se teje en ella misma. La declaratoria de estado de excepción que ordenaron algunas comunidades se sustentó en la plurinacionalidad del Estado –carácter siempre negado por el poder político y económico del país[8]–, en la asunción desde abajo de las dimensiones más políticas y democratizantes[9] del proyecto indígena para la sociedad.
Se puso al día la vigencia de la lucha por una plurinacionalidad efectiva y concreta –el movimiento que devuelve a la sociedad ciertos niveles de poder como autodeterminación– que, a pesar de haber sido recogida en la Constitución de 2008, fue y es negada por el Estado y sus gobiernos. De hecho, una de las dimensiones del levantamiento también tuvo que ver con el problema minero en territorios indígenas y campesinos y la defensa del agua, como la movilización en Guaranda una semana antes del inicio del levantamiento, o las movilizaciones en la Provincia del Azuay que lograron en una consulta decir no a un proyecto mega minero en fuentes de agua[10]. En estas luchas se ha colocado por varias ocasiones la exigencia del cumplimiento de la consulta previa y vinculante a las comunidades garantizada en la Constitución de 2008, que todos los proyectos extractivos mineros deben realizar antes de sus actividades. La concreción de dichas consultas fueron mecanismos efectivos de protección de las prerrogativas de las comunidades sobre sus territorios y recursos, e implicaban a la larga una asunción de un nivel de poder de decisión frente al Estado y al capital.
Pero, también la puesta en marcha de una plurinacionalidad desde abajo volvió a colocar la lucha del movimiento indígena más allá y en contra del multiculturalismo que ha querido entender y asignarla al lugar del mero reconocimiento cultural, dejando de lado lo que a la final es su centro: la lucha por desbordar o al menos sujetar el poder estatal, y a la vez recuperar para los pueblos un poder social que permita mínimamente autodeterminar la forma de convivencia social y con la naturaleza.
En el fondo, el fantasma que aterra a los empresarios y sus gobiernos de turno, es que los pueblos se den cuenta de su propio poder y lo ejerzan para sí mismos. En el fondo, lo que les atemoriza, y por eso acuden a la violencia estatal explícita –como en los días del levantamiento– y encubierta en los días que corren después –con los llamados a reforzar los aparatos represivos estatales bajo el pretexto de combatir la subversión y proteger la “paz social”–, es que la sociedad ejerza una democracia verdadera, que los pueblos conversen, se reúnan, reflexionen juntos, sueñen y caminen para –como expresó un manifestante en el parque Arbolito en los días del levantamiento– “hacer nuestra propia libertad”, la libertad como pueblos.
Referencias bibliográficas
Benjamin, Walter, Tesis sobre la Historia y otros fragmentos, Bogotá: Ediciones Desde Abajo, 2012.
Echeverría, Bolívar, “Lo político en la política” en Discurso crítico y modernidad. Ensayos escogidos: 137-148, Bogotá: Ediciones Desde Abajo, 2011.
Zavaleta, René, “Las masas en noviembre” en La autodeterminación de las masas: 207- 262, Buenos Aires: CLACSO – Siglo XXI, 2015.
[1] Este texto es una versión reducida y ligeramente modificada de un ensayo titulado “El poder de arriba y el poder de abajo. La violencia, la dignidad y el levantamiento de octubre” publicado en Revista Bajo el Volcán, Año1, N.º 2, 2020, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Puebla – México.
[3] Bolívar Echeverría define lo político como: “la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana, de tener la socialidad de la vida humana como una sustancia a la que se le puede dar forma. Lo político, la dimensión característica de la vida humana, se actualiza de manera privilegiada cuando ésta debe reafirmarse en su propia esencia, allí donde entra en una situación límite: en los momentos extraordinarios o de fundación y re-fundación por los que atraviesa la sociedad; en las épocas de guerra, cuando la comunidad ‘está e peligro’, o de revolución, cuando la comunidad se reencuentra a sí misma” (1998: 77-78).
[4] Todas las referencias de lo que se dijo y se hizo durante los días del levantamiento que se usan en este texto se basan en el seguimiento y registro de los hechos que algunas personas y medios comunitarios participantes en el levantamiento transmitían por redes sociales en esos días.
[5] Ver diario El Universo, 5/10/2019, “Conaie advierte con justicia indígena a militares y policías en su territorio”, y otros similares.
[6] El comunicado de la CONAIE respecto al estado de excepción propio puede leerse en diario Metro Ecuador, 06/10/2019. Este comunnicado fue acogida por algunas organizaciones provinciales como la FECAB – BRUNARI de la provincia de Bolívar, y Pueblo KituKara, entre otros.
[7] Esta reflexión la debo a Alejandra Santillana, en conversaciones durante los días del levantamiento.
[8] El ministro de defensa en los días del levantamiento por ejemplo decía que sólo existe un país, un aparato militar y un solo territorio, contraponiendo esto al concepto de plurinacionalidad con la que las organizaciones indígenas y las comunidades sustentaban su defensa ante la judicialización de la protesta impulsada por el Estado. Ver cadena nacional del 6 de octubre de 2019, Secretaria General de Comunicación del Ecuador.
[9] En el sentido que le da René Zavaleta a un tipo de democracia como autodeterminación de las masas: “la capacidad actual de dar contenido político a lo que haya de democratización social y de poner en movimiento el espacio que concede la democracia representativa” (Zavaleta, 2015: 243).
[10] Ver diario El Mercurio, 25/03/2019, “Giŕón dijo No a la minería”.
Por: Inti Cartuche Vacacela. Kichwa, Saraguro, Sociólogo. Foto portada: Muro Andrés Tapia-10/10/2019. Octubre 22 de 2021
