La Minería es Muerte: ante el fallecimiento de militares ecuatorianos en la zona del Punino
Por: Frente Nacional Antiminero
Desde el Frente Nacional Antiminero lamentamos profundamente la pérdida de 11 vidas más, apagadas por la violencia que genera la actividad minera, un escenario que puede y debe ser controlado por el Estado ecuatoriano. La alianza entre la minería, los Grupos de Delincuencia Organizada (GDOs) y funcionarios de las instituciones de control ambiental, de seguridad y de justicia, han hecho posible que estos grupos tomen control de varias zonas en el país, sin esta alianza no sería posible un hecho tan grave como la pérdida de soberanía nacional y el saqueo de nuestros recursos naturales para fines criminales, privados y transnacionales.
Focos mineros en Napo
En la provincia de Napo existen tres focos mineros: 1) en los ríos Anzu y Jatunyaku, desde el cantón Arosenema Tola hasta las parroquias Talag y Pano en el cantón Tena; 2) en la ribera del río Napo, en las parroquias Ahuano y Chonta Punta del cantón Tena; y 3) en el río Punino, dentro del Parque Nacional Sumaco, en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda del cantón El Chaco, en el límite entre las provincias de Napo y Orellana. Los tres focos mineros han devastado la naturaleza y han sometido a las comunidades a una vida de riesgo y violencia. El río Punino, que se encuentra dentro del Parque Nacional Sumaco y es parte del territorio de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonia, es el foco minero con mayor impacto, donde la minería se ha instalado desde hace 5 años a sangre y fuego.
En esta zona, la minería está asociada a Grupos de Delincuencia Organizada – GDOs. Estos grupos han desplazado el orden comunitario y el orden estatal para instalar sus propias lógicas de control territorial. Para lograr este control, los GDOs han logrado infiltrarse en las instituciones estatales. Basta revisar el caso documentado a inicios de mayo de 2023, un operativo militar con alrededor de 1000 uniformados en el río Punino, donde 34 retroexcavadoras fueron destruidas y 3 fueron suspendidas. El ejército reivindicó este golpe, sin embargo, la Defensoría del Pueblo denunció que en el territorio estaban alrededor de 250 retroexcavadoras, es decir, los grupos mineros lograron movilizar su maquinaria a tiempo gracias a la fuga de información. El Estado ha realizado varios operativos en Punino, sin embargo, en lugar de evacuar la zona, los GDOs se han instalado con más fuerza. Hablamos de un territorio en manos del crimen organizado. Son varios kilómetros de minería a cielo abierto a lo largo del río Punino, donde no sólo se necesita solo un despliegue militar masivo, sino voluntad y decisión política para devolver la paz a las comunidades.
Exigencia al Gobierno Nacional
Exigimos al Gobierno Nacional que asuma su responsabilidad para precautelar la vida las comunidades y evitar la muerte tanto de militares como de la sociedad civil. A la minería ilegal se la podría controlar y erradicar de forma definitiva con la acción firme y simultánea de varias instancias estatales. Punino y otros territorios son zonas donde el abandono estatal ha sido sistemático e intencionado. El negocio del narcotráfico, de la minería ilegal, opera no solo por los actos de corrupción de actores infiltrados en instancias de regulación y control o en las instancias policiales y militares; opera en impunidad porque favorece a la economía legal: a los bancos, a los exportadores de oro, a los proveedores de maquinaria, combustibles y otros insumos.; por qué no hay control hacia las concesiones legales, que conviven con esta minería ilegal; por qué no hay control a los proveedores; por qué no hay control a las exportaciones de oro. ¿Por qué hasta el momento no se ha desplegado un control en todas estas instancias? Más de 1000 millones de dólares se exportan anualmente desde la minería ilegal. Si es así, ¿dónde está el control? Si no se asfixia la economía ilegal minera en toda su cadena productiva, estos territorios seguirán siendo zonas de sacrificio.
A su vez, el Gobierno Nacional tiene que escuchar la demanda que las organizaciones han planteado desde hace varios años: la declaratoria de emergencia ambiental a la provincia del Napo como una medida para precautelar la vida de las comunidades indígenas y campesinas. Ha quedado en evidencia el grado de vulnerabilidad al que se encuentran expuestas las familias de Punino y del resto de focos mineros de la provincia del Napo y la Amazonía, donde la contaminación y la violencia están apagando vidas en silencio.
Como luchadores y luchadoras sociales defensores y defensoras de la vida y el territorio hemos denunciado por varias ocasiones de manera pública y oportuna las consecuencias de la MINERÍA, sin embargo, se han desestimado nuestras denuncias, he aquí las consecuencias fúnebres. Insistimos en que la Minería Legal e Ilegal son sinónimos de muerte y destrucción.
