Por: Sofía Lanchimba (Fuente: Revista Memoria)
En el último lustro, el campo político ecuatoriano está mutando por tres factores: 1) neoliberalismo necropolítico –se niega la igualdad política pues hay cuerpos cuya muerte no importa y no son interés del Estado–, 2) gobernanza criminal –territorios y poblaciones que ya no responden a la lógica estatal sino criminal– y 3) un Estado securitario –suprime la agenda de justicia social por la de seguridad, el conflicto no tiene un tratamiento político sino militar–. Estas transformaciones se enmarcan en una degradación del pacto liberal que observamos a nivel global: el Estado de derecho es anulado por constantes estados de excepción, la fuerza de la ley es suprimida por la pura fuerza, la división de poderes se difumina y en conjunto se ponen en duda la igualdad política y la libertad. La militarización, la incertidumbre y el terror pasan a formar parte de la vida cotidiana.
En Ecuador la débil institucionalidad del campo político, su inestabilidad crónica, su alta volatilidad y las débiles mediaciones entre Estado y sociedad civil han permitido, por un lado, que lo político pueda ser disputado por fuera de las formas institucionales, lo que posibilita un alto protagonismo de los movimientos sociales y por otro, que las fuerzas armadas jueguen un rol preponderante en el campo político. En un país con un fuerte músculo social y con unas fuerzas armadas con capacidad de bloqueo y arbitraje; aplicar el ajuste neoliberal en toda su extensión sólo es posible si se contiene, divide y reprime al movimiento social y a la vez se refuerzan las prebendas, las funciones y el control sobre las fuerzas armadas. Una estrategia que parece llevarse a cabo con la asesoría de Estados Unidos, que ha intensificado su presencia desde el 2023, y que el gobierno de Daniel Noboa quiere consolidar con la eliminación de la prohibición de bases norteamericanas en el país.
Hasta inicios de la década de 1960, en Ecuador primaba un régimen gamonal en el que las oligarquías regionales permanentemente disputaban entre Sierra y Costa para hacer prevalecer sus intereses particulares, esta contienda se reflejaba en la disputa entre los Partidos Conservador y Liberal. El país carecía de un sistema político que estableciera las bases de una mínima institucionalidad y avanzara en un proceso de integración nacional. La misma Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por su sigla en inglés), en uno de sus reportes sobre la época, reconocía que “lo que pasa por “constitucionalismo” en Ecuador es un sistema que permite a una pequeña oligarquía manipular el sistema político para su beneficio particular y desviar los esfuerzos recurrentes para iniciar programas de reforma” (CIA, 1963). En este campo político inestable y proclive a la crisis, las fuerzas armadas han jugado un rol preponderante; como lo menciona Alejandro Moreano: “fueron las propias estructuras del aparato estatal −particularmente el ejército: los gobiernos militares− quienes mantuvieron la continuidad y la unidad del dominio político” (Moreano, 2018, p. 188).
Si en los sesenta-setenta las fuerzas armadas actuaron como árbitros entre los intereses de las élites de la Costa y la Sierra, en los noventa lo fueron entre las constantes movilizaciones sociales y el aparato estatal y las élites dominantes. El período más inestable, desde el regreso al orden constitucional en 1979, fue el comprendido entre 1997 y 2007; en diez años el país tuvo siete presidentes. En el año 2000, por ejemplo, en medio de intensas manifestaciones, las fuerzas armadas retiraron su apoyo al presidente Jamil Mahuad, lo que precipitó su salida del poder y formaron parte de un triunvirato de transición. Lo que quiero decir es que, las fuerzas armadas han sido actores políticos con capacidad de bloqueo e intervención. El derrocamiento de presidentes no sólo fue producto de la movilización social, sino de la falta de respaldo de las fuerzas armadas al presidente en turno.
El campo político, históricamente, se ha desarrollado a espaldas de las mayorías, especialmente a las poblaciones campesinas e indígenas. La falta de un proyecto nacional-popular ha hecho que estas poblaciones no se sientan representadas, lo que se traduce en una constante falta de legitimidad, una propensión a las crisis y una constante movilización social que permite la constitución y reconstitución de sujetos políticos. Lo que hace de Ecuador uno de los pocos países en América Latina con un fuerte músculo social. El mismo que ha impedido que se implemente el ajuste neoliberal y la extracción de sus recursos en toda su extensión, tanto en la década de los noventa como en las recientes revueltas. Por ello, la aplicación de esta nueva fase de neoliberalismo en el país, es mucho más agresiva tanto en el despojo de territorios y derechos, como en la destrucción de las fuerzas sociales que tienen capacidad de oponerse.
Noboa lo ha dicho públicamente: “no retrocedemos, como ocurrió en el 2019 o el 2022” (Loaiza, 2025), refiriéndose a las revueltas que ocurrieron durante los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso y que obligaron al Estado a dialogar con los manifestantes y detener las medidas de ajuste económico. En otras palabras, al igual que sus antecesores Daniel Noboa no está dispuesto a dialogar; pero a diferencia de ellos ha implementado una estrategia económica, comunicacional y, sobre todo, militar para aplicar las medidas de ajuste.
Si bien el proyecto de desmantelar la parte social del Estado es similar al de Javier Milei y sus políticas de seguridad se asemejan a las de Nayib Bukele, en Ecuador existe un rasgo propio, se busca neutralizar y desarticular la fuerza de la movilización social que enfrentó en el 2019 y 2022.
La configuración política en curso
En el último lustro, diversas transformaciones como el modelamiento de un neoliberalismo necropolítico, el desarrollo de una gobernanza criminal y el reforzamiento de las funciones represivas están reconfigurando el campo político ecuatoriano, con importantes implicaciones para la movilización social. El neoliberalismo necropolítico niega la igualdad política pues hay cuerpos cuya muerte no son interés del Estado, prevalece una política de dejar morir y dejar matar. La gobernanza criminal aparece como un nuevo actor que disputa el control de territorios y poblaciones. Y si bien el Estado retrocede en su carácter de garante social bajo el neoliberalismo, hay un reforzamiento del aparato represivo para el que el conflicto social no tiene un tratamiento político sino militar.
Retomo a Pierre Bourdieu para definir el campo político “como un juego en el cual el objeto (enjeu) es la imposición legítima de los principios de visión y de división del mundo social” (Bourdieu, 2001, p. 22). En otras palabras, lo que se disputa al interior del campo político es la concepción del mundo. Dado que las posiciones no son aceptadas por los jugadores como naturales y perennes por sus ocupantes, hay una permanente disputa por reconfigurar el campo y cambiar las relaciones de fuerzas (Bourdieu & Wacquant, 2008).
En la reconfiguración en curso del campo político no sólo se están redefiniendo los principios de visión y de división social, se intenta dinamitar el papel que han jugado los movimientos sociales y las fuerzas armadas en los procesos políticos. La correlación de fuerzas ya no sólo se disputa por actores clásicamente políticos sino por grupos criminales. Se desconoce la igualdad política (hay cuerpos que no tienen derechos y cuya muerte no importa al Estado), se rompe el acuerdo liberal de respeto y aceptación de la fuerza de la ley (se gobierna por decretos y por estados de excepción), se sustituye la agenda de justicia social por una agenda de seguridad, se perfila un tratamiento del conflicto y la disidencia por la fuerza y el terror (las movilizaciones de 2025 están teniendo una respuesta militar).
Neoliberalismo necropolítico: dejar morir, dejar matar
Ecuador está experimentando un nuevo ciclo de ajustes estructurales, la principal diferencia respecto a la década de los noventa es que se busca garantizar su aplicabilidad. En otras palabras, no sólo se trata del debilitamiento de espacios sociales como la educación, la salud o la seguridad social a través del recorte presupuestario como parte de los ajustes estructurales o de la privatización de empresas públicas; en esta ocasión se intenta disciplinar a la sociedad por dos vías: incentivar la búsqueda de soluciones privadas e individuales a problemas sociales y públicos. La segunda vía para garantizar la aplicación del modelo es romper el tejido social sobre el que se asienta la movilización social, disciplinar a la población a través del sufrimiento para contener el conflicto social y aterrorizar a la población cuando ésta se resiste.
Desde el gobierno de Lenin Moreno (2017-2021) se han restablecido relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se han acordado varios préstamos con las consiguientes condicionantes respecto a la economía. Ecuador es el cuarto país en el mundo que más le debe al FMI, en cinco años la deuda pasó de USD 1.400 millones a USD 8.705 millones y seguirá creciendo (Tapia, 2025). Pablo Dávalos quien ha analizado los acuerdos de financiamiento extendido (SAF) durante el periodo 2019-2024, sostiene que la consolidación fiscal impuesta, que es el núcleo del programa de ajuste, es inherentemente recesiva y prioriza los objetivos del FMI, como la estabilización externa y el aumento de las reservas internacionales netas (NIR), por encima del crecimiento y el alivio de la pobreza (Dávalos, 2024a). Su análisis detalla cómo el FMI y el Banco Mundial (BM) trabajan en una condicionalidad convergente para implementar reformas estructurales profundas, incluyendo la austeridad del gasto público, la flexibilización laboral y la privatización. Dicha condicionalidad se endurece con el tiempo, afectando áreas como la sanidad y la contratación pública, lo que resulta en una ineficiencia programada del Estado.
La aplicación del modelo se ha conseguido de manera gradual. En el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) se intentó aplicar una ambiciosa desregulación comercial y financiera cuyo objetivo era agilizar las privatizaciones e imponer su propia reforma laboral, no lo consiguió; sin embargo, a través de decretos dio impulso a la apertura de privatizaciones. Daniel Noboa (2023-2025; 2025-) fue quien, a través del discurso del combate al narcotráfico, ha implementado el grueso de los ajustes fiscales y reformas estructurales. Muchas de estas medidas fueron tramitadas como proyectos de ley urgentes en materia económica y responden a intereses empresariales. Entre las principales podemos mencionar la ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo (Diciembre 2023), el incremento del IVA (2024), la Reforma a la Contratación Pública (Ley Orgánica de Integridad Pública, Junio 2025), la Privatización Parcial de Sectores Estratégicos y la fusión de ministerios dedicados al área social.
La Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo promovió la amnistía tributaria, la creación de zonas francas con exenciones fiscales (0% de Impuesto a la Renta por 5 años, luego 15% permanente) para atraer inversión extranjera y la facilitación de asociaciones público-privadas (APP) para infraestructura y servicios, promoviendo la privatización parcial de proyectos estatales. Estas medidas reducen la carga fiscal para las grandes empresas e inversionistas, fomenta la desregulación en sectores estratégicos y prioriza la inversión privada sobre la pública. Es decir, beneficia principalmente a elites económicas.
El incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15% fue una medida de ajuste fiscal para financiar el gasto público, dirigido especialmente a la seguridad. Noboa aseguró que estos recursos serían usados en la lucha contra el crimen organizado. Al igual que la medida anterior, este impuesto responde a las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero afecta la economía de los sectores populares.
La Reforma a la Contratación Pública (Ley Orgánica de Integridad Pública, Junio 2025) implicaba una simplificación de procesos de contratación estatal para facilitar la participación de empresas privadas en licitaciones. Es decir, reducía controles que podrían prevenir la corrupción, favoreciendo la participación del sector privado en detrimento de la capacidad estatal. Esta ley fue anulada por la Corte Constitucional en septiembre de 2025 por irregularidades procesales y riesgos a la transparencia.
En general, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a financiamiento están condicionadas a medidas de ajuste fiscal como la reducción del gasto público, aumento de impuestos (como el IVA), eliminación de subsidios y promoción de inversión extranjera. En otras palabras, políticas de austeridad y liberalización, priorizando la estabilidad macroeconómica sobre el gasto social. Un ajuste movido por la rapiña de las elites ecuatorianas y engarzado a la profunda dependencia de los dictados del FMI.
Pero el neoliberalismo aplicado en Ecuador no sólo se ajusta a las condiciones del FMI. La forma específica de aplicación es a través de una desatención sistemática que en los momentos actuales se expresa en deja morir y deja matar. Retomo la formulación hecha por Jaymie Patricia Heilman (2018) para hacer énfasis en que no se trata de una mera negligencia, sino que la desatención es una forma específica de gobierno. Lenin Moreno, Guillermo Lasso y, sobre todo, Daniel Noboa han eliminado instituciones estatales (especialmente las dedicadas a las áreas sociales) y han despedido funcionarios públicos bajo el supuesto de la existencia de un “Estado obeso”.
Este “gobierno por abandono” se expresa en hechos como una baja ejecución presupuestaria, en una constante desatención de las áreas sociales hasta dejar morir a personas durante la pandemia, afuera de hospitales sin que reciban atención médica, al interior de los hospitales por falta de insumos, en masacres carcelarias, en violencia generalizada y asesinatos a lo largo del país.
Guayaquil se convirtió en el punto cero del horror en el año 2020 cuando las personas morían en las calles y sus cuerpos pasaban días abandonados, la desatención fue de tal nivel que por un momento Guayaquil tuvo más muertos por covid-19 que países enteros (Zibell, 2020). A pesar de la evidente negligencia, el Estado nunca entregó información completa sobre el número de personas muertas y muchos de esos cuerpos nunca pudieron ser localizados por sus familiares.
Según el Informe Alternativo de la Sociedad Civil al Comité Contra la Tortura en su examen periódico, “desde el 2018 hasta el 2023 han sido asesinadas más de 680 personas privadas de libertad” (Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, 2024). En este caso no hay ninguna investigación en curso encaminada a identificar responsabilidades de funcionarios públicos ni de reparación a las familias. Si bien el “gobierno por abandono” es generalizado, existen determinadas poblaciones cuyos cuerpos se dejan a merced de la muerte: poblaciones carcelarias, fronterizas, pobres y racializadas. Son estas poblaciones a las que se les niega la igualdad política (Brown, 2021) y cuya vida y muerte no son interés del Estado.
La falta de inversión, la baja ejecución presupuestaria, el descuido y el desinterés en áreas públicas y su consiguiente desmantelamiento acumulado en los últimos años sirven para justificar procesos de privatización como el que se observó con el sector eléctrico (Dávalos, 2024b). En el año 2023 y en el 2024, Ecuador sufrió cortes de energía que llegaron incluso a 14 horas diarias, lo que fue usado para presionar por una nueva ley de energía.
Al mismo tiempo que se produce un debilitamiento de espacios sociales como la salud, la educación, el trabajo o la vivienda, se promueven soluciones individuales y privadas. Uno de los aspectos en donde este enfoque se hace muy evidente es en materia de seguridad, el gobierno de Lasso, por ejemplo, impulsó el libre porte de armas de uso civil, decretó que las compañías de vigilancia y seguridad privada prestaran servicios de apoyo y auxilio al Estado (Lasso, 2023a) y durante el gobierno de Noboa se promovió la donación de equipamientos y suministros a favor de la Policía Nacional a cambio de la deducción del impuesto a la renta de un 150%.
La desregulación, la concentración de beneficios a las élites económicas, el abandono y la destrucción han tenido un alto impacto económico en los sectores populares. Alrededor de cinco millones de personas ya viven en la pobreza y alrededor dos millones en la extrema pobreza. Y según datos del propio Banco Mundial, hay hogares que viven al límite y por lo tanto hay una alta probabilidad de que se incremente la pobreza en los siguientes dos años: “el crecimiento de la clase media se ha estancado, la desigualdad se ha mantenido y tres de cada diez ecuatorianos sigue en riesgo de pobreza, con una vulnerabilidad que afecta de manera desproporcionada a los hogares rurales, indígenas y aquellos encabezados por mujeres” (Banco Mundial, 2025).
En contraste con el alto costo que están pagando los sectores populares, la deuda tributaria de la familia de Noboa (Exportadora Bananera Noboa) se redujo de $ 94,6 millones de dólares a cero (Pacheco Pazmiño, 2025) en menos de siete meses. La mayor deuda tributaria del país se esfumó de manera drástica y opaca, coincideindo con la designación de una ex empleada de la empresa Noboa en el Servicio de Rentas Internas (SRI) en septiembre de 2025. El SRI no ha ofrecido explicaciones detalladas, pero confirma que la deuda está liquidada.
La atracción de inversión extranjera ha marcado la reapertura de concesiones mineras, el avance de proyectos a gran escala (Granja, 2025) y una nueva ronda petrolera. Esta política se alinea con el programa neoliberal del gobierno, que busca atraer inversión extranjera a costa de territorios y poblaciones locales, que se verán gravemente afectadas. Se espera que en los próximos seis años entren en construcción seis nuevas minas y se amplíe la producción en Fruta del Norte y Mirador (Redacción El Universo, 2025) y alcanzar los 536.000 barriles diarios de petróleo en 2027 (Redacción Primicias, 2025b).
La Constitución ecuatoriana establece límites al proyecto neoliberal y extractivo de Noboa dado que impone restricciones claras sobre la privatización de sectores estratégicos, recursos naturales y servicios públicos. Impide la administración privada de sectores estratégicos como la energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables (como minería y petróleo), agua, biodiversidad y transporte. Prohíbe la privatización de servicios públicos esenciales como agua, salud y educación. El agua, en particular, está protegida como un “derecho humano”, lo que ha frenado proyectos mineros en áreas sensibles como páramos.
Por ello, Noboa pretende impulsar una Asamblea Constituyente con el objetivo de flexibilizar las disposiciones constitucionales vigentes, creando un marco legal que permita las privatizaciones sin la posibilidad de que la Corte Constitucional pueda impedirlas. Esta iniciativa choca directamente con derechos fundamentales que contradicen las demandas del FMI, entre los que se encuentran los derechos laborales y las protecciones sociales establecidas.
En lo que respecta a los proyectos extractivos, una nueva Carta Magna alineada con los intereses de Noboa y las empresas del sector eliminaría o debilitaría significativamente los derechos ambientales, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el mecanismo de consulta previa, libre e informada. Este cambio tendría como finalidad remover las regulaciones y límites actuales que afectan a las compañías mineras, diluyendo o eliminando sus obligaciones, facilitando la obtención de licencias ambientales y reduciendo el espacio legal para las protestas indígenas. Además, las empresas mineras buscan la eliminación de la prohibición al arbitraje internacional, un mecanismo que les permitiría eludir los sistemas judiciales nacionales donde podrían ser obligadas a responder legalmente por los daños ambientales causados.
En resumen, el perfilamiento de un neoliberalismo necropolítico está dejando a amplias poblaciones abandonadas a su suerte ya sea por una deliberada desatención de las áreas sociales o porque la vida pierde su valor y algunos cuerpos son usados como meras monedas de cambio (Mbembe, 2011).
Gobernanza criminal
En el último lustro, el campo político ecuatoriano cuenta con un nuevo jugador que está disputando su configuración: el crimen organizado. Al menos tres hechos protagonizados por éste han afectado directamente al campo: el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio previo a las elecciones del año 2023, la violencia generalizada y coordinada del 09 de enero de 2024 que desembocó en la declaración de un “Conflicto Armado Interno» y los vínculos entre el aparato estatal y el crimen organizado.
El asesinato de Villavicencio forma parte de un largo listado de casos de violencia política. “Entre 2022 y 2023, hubo 92 agresiones contra la integridad y la vida de personas políticamente expuestas, es decir políticos o funcionarios, según un informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política (OCVP)” (Redacción Plan V, 2024). La muerte de Villavicencio marcó las elecciones del 2023 al definir por completo la agenda: seguridad y políticas de “mano dura” frente a una violencia desbordada. Temas como el combate a la pobreza y al desempleo, inversión en educación y en salud (necesarias después de la pandemia) salieron de escena.
La violencia del 9 de enero del 2024 por la cual el país se convirtió en noticia internacional dio la cuartada al gobierno para escalar las medidas y pasar de constantes “estados de excepción” a la declaración de “Conflicto Armado Interno”. Ese día, diferentes grupos criminales produjeron explosiones, tiroteos, vehículos incendiados y saqueos en todo el país (Correal et al., 2024), al mismo tiempo varios jóvenes sin un plan y sin un guión pero con armas de fuego se tomaron un canal de televisión.
La violencia espectacularizada por los grupos criminales como la del Estado para demostrar su respuesta sirvieron para catalizar el miedo y la incertidumbre, y fue la justificación perfecta para declarar la existencia de un Conflicto Armado Interno y con éste el establecimiento de un estado de guerra. Esto ha permitido, por ejemplo, el incremento de impuestos que en otras circunstancias no habría sido posible, la priorización del presupuesto destinado a la “guerra” –no a la inversión social–, una respuesta militar a cualquier conflicto de orden político y sobre todo, mayor control sobre una población aterrorizada.
Los vínculos entre el aparato estatal y los grupos criminales han salido a la luz a través de investigaciones policiales y judiciales. La investigación policial “León de Troya” identificó vínculos entre familiares del ex presidente Lasso con la mafia albanesa (La Posta, 2023) y en el caso “Metástasis” la ex Fiscal General del Estado, Diana Salazar admitió la existencia de una narcopolítica que involucra a entidades estatales, especialmente al órgano judicial (CNN en español, 2024a). En el 2021, la embajada de Estados Unidos había señalado también la existencia de narcogenerales (CNN, 2021).
Daniel Noboa también ha sido vinculado en múltiples investigaciones periodísticas al narcotráfico a través de la empresa Noboa Trading S.A., parte de su familia empresarial (Jardim, 2025; Unidad Investigativa Revista RAYA, 2025). Esta compañía controla gran parte de la cadena de producción, empaque, transporte y exportación de banano. Ecuador es el principal exportador mundial de banano (alrededor de 6.5 millones de toneladas anuales), lo que lo convierte en un vehículo clave para el tráfico de cocaína, sobre todo hacia Europa. Es decir, la narcopolítica ya es parte del campo político ecuatoriano.
Estos vínculos no sólo están en la política, también están en la economía a través del lavado de dinero en mercados financieros e inmobiliarios (Manjarrés, 2023) o en minería y narcotráfico (Ojo Público, 2024). Las especificidades de la economía ecuatoriana otorgan las condiciones necesarias para la expansión de la economía criminal: la desregulación del mercado financiero, la economía dolarizada, la falta de inversión en seguridad, la falta de empleo adecuado, la deserción estudiantil y en general la situación de precarización generalizada.
Los negocios ilícitos como la minería ilegal, el tráfico de migrantes, la extorsión y el tráfico de droga requieren de la violencia para establecer las reglas de la reproducción del capital y de gobernanza sobre territorios y poblaciones. Estas reglas han estado en definición en los últimos años y a ello se debe los altos niveles de violencia ejercidos por los diferentes grupos criminales –Choneros, Lobos, Tiguerones, Lagartos, Chone Killers, etc.– y sus enlaces estatales.
Reforzamiento de las funciones represivas: el terror como política de Estado
Al mismo tiempo en que se debilitan las funciones sociales del Estado, se fortalecen sus funciones represivas y se acentúa la violencia. La securitización de la política, la militarización de la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las funciones represivas ha tomado varios años. Lenin Moreno, comenzó a usar el “estado de excepción”, especialmente a raíz de la revuelta de 2019, para suspender varios derechos y disponer de las fuerzas armadas para labores internas (España, 2019). Noboa ha extendido el uso de los estados de excepción de manera sistemática (de los 638 días de gestión 506 fueron bajo estado de excepción).
En las revueltas de 2019, el gobierno de Lenin Moreno hablaba de grupos terroristas en las movilizaciones masivas, reviviendo así el discurso del enemigo interno que habría que eliminar. Lasso, fue más allá y en mayo del 2023 emitió el Decreto ejecutivo 730 (Lasso, 2023b) por el cual declaró al terrorismo como amenaza de Estado. Este decreto, bastante ambigüo, puede usarse como arma contra la protesta social bajo la justificación de ataque a los grupos criminales. Noboa está usando este delito para procesar penalmente a los manifestantes y para construir una opinión pública favorable a la represión.
Guillermo Lasso intentó impulsar la reforma de la Constitución para habilitar el uso de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, pero no lo logró; Noboa sí. El uso del discurso de seguridad y “mano dura” contra el narcotráfico le han permitido excesos como la declaración de “Conflicto Armado Interno” y la aprobación vía referéndum del uso de las Fuerzas Armadas como complemento en el trabajo de la Policía en la política de seguridad (CNN en español, 2024b). Además, le ha conseguido una alta aceptación a entre la población. Esta estrategia se ha sustentado en la entrega rápida de resultados simbólicos para combatir la inseguridad, como la militarización, el endurecimiento de penas y la construcción de prisiones de máxima seguridad, entre ellas el megaproyecto penitenciario “Cárcel del Encuentro” (Redacción Primicias, 2025a), actualmente en construcción.
La creciente securitización de la política y la declaración de conflicto armado ha hecho que la Policía y las Fuerzas Armadas reciban mayores recursos económicos, aunque se desconoce su destino final dado que es información reservada (Rodríguez, 2024). Este escenario ha facilitado la aprobación de reformas que concentran más poder en el Ejecutivo. Un ejemplo clave es la Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral (2023), que permite declarar zonas de seguridad en sectores estratégicos como las concesiones mineras y petroleras, y autoriza el espionaje cibernético.
Por su parte, la Ley de Solidaridad Nacional amplió los poderes presidenciales en materia de seguridad. Su definición excesivamente amplia y vaga de “conflicto armado” habilitaría el uso de fuerza letal desproporcionada contra civiles, abriendo la puerta a la impunidad. Esta ley permite indultos automáticos a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía por acciones cometidas en dicho “conflicto”, lo que podría incentivar violaciones a los derechos humanos, como torturas y ejecuciones extrajudiciales, al carecer de salvaguardas para distinguir entre civiles y combatientes. Estas características llevaron a organismos como Amnistía Internacional a recomendar su derogación (Human Rights Watch, 2025b), hasta que finalmente fue anulada por la Corte Constitucional en septiembre de 2025 por vulnerar derechos fundamentales.
Asimismo, la Ley Orgánica de Inteligencia, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia facilita la vigilancia masiva al obligar a las operadoras de telefonía e internet a entregar datos históricos y en tiempo real –como registros de llamadas, mensajes y ubicación– sin necesidad de una orden judicial, bastando una solicitud administrativa “justificada” (Human Rights Watch, 2025a). Esto representa una puerta abierta a la vigilancia indiscriminada, la autocensura y el riesgo de espionaje con fines de persecución política. Dada esta amenaza a la privacidad, la Corte Constitucional ha ordenado su suspensión parcial. No obstante, ninguna de estas medidas ha funcionado para combatir el narcotráfico y, por el contrario, están siendo aplicadas contra la población civil.
En el primer semestre de 2025, se registraron “4619 homicidios intencionales, esto representa un incremento del 47% respecto al mismo periodo en 2024” (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2025) y convierte a Ecuador en el país más violento de América Latina. La política de seguridad militarizada ha tenido impactos directos en la población civil. Por un lado, en casos como desapariciones y violaciones a derechos humanos. Según datos de la Fiscalía compartidos con Amnistía Internacional, desde el 2023, año en que comenzó el primer periodo de Noboa, se han registrado 43 denuncias por posible desaparición forzada.
En el Informe “Son militares, yo los vi: Desapariciones forzadas por las fuerzas armadas en Ecuador” (Amnistía Internacional, 2025), Amnistía Internacional concluye que la estrategia de militarización de la seguridad pública ha fracasado y que los casos que estudió muestran que sólo ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos como desapariciones y torturas. Mientras tanto, las desapariciones forzadas se mantienen en la impunidad, se investigan con lentitud y solo hay avances limitados bajo el impulso constante de las familias de las personas desaparecidas. Entre las personas desaparecidas están los cuatro niños de Guayaquil, detenidos por militares y desaparecidos, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados y con señales de tortura. Estos datos de desaparición a manos de militares permiten perfilar el terror al que está siendo sometida la población ecuatoriana, que en toda su historia no había experimentado este tipo de violencia.
Esta reconfiguración del escenario sociojurídico ha generado temor en los sectores sociales para movilizarse, ya que, como se evidencia en las protestas recientes (2025) éstas son reprimidas desde un enfoque de guerra: la ciudadanía que exige sus derechos es tratada como enemigo interno, las manifestaciones civiles son reprimidas por las fuerzas militares y los manifestantes son procesados penalmente como terroristas. No sólo se busca reprimir sino atacar y destruir a quienes se considera enemigos internos a través de tácticas de terror psicológico y asedio a territorios.
En resumen, el discurso de combate al narcotráfico y el miedo que este genera en la población han sido aprovechados para implementar medidas de ajuste económico, impulsar proyectos extractivos y consolidar un modelo de seguridad militarizada. En la práctica, estas herramientas de seguridad están siendo utilizadas contra las organizaciones y la movilización social. Lo que se observa en Ecuador es que la seguridad militarizada opera como una estrategia para imponer la agenda neoliberal y el extractivismo.
Contener y destruir la movilización social
La contención del conflicto se ha logrado mediante la combinación de consenso y coerción. El discurso de “mano dura” en el combate al narcotráfico, la espectacularización del uso de las fuerzas armadas y los golpes de efecto le han permitido a Noboa alcanzar un alto índice de aceptación que para inicios del 2024 llegó al 82% después de decretar el estado de “conflicto armado interno”. Esta aceptación ha sido reforzada por una estrategia comunicacional con una fuerte inversión en pautas publicitarias, canalizando gran parte de los recursos a redes sociales (Noboa, 2023) para imponer su narrativa. De acuerdo con el medio La Defensa, en 21 meses Noboa ha gastado más de 17 millones de dólares en contratos de pauta publicitaria (Mundial Medios, 2025).
El movimiento político de Daniel Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN), además, está involucrado en la compra de varios medios de comunicación. A través de la empresa Galamedios S.A.S. ha comprado el portal digital La Posta y el 80% de las acciones de Radio Centro. Además, la venta de Radio La Calle coincidió en el tiempo y periodistas independientes han señalado que la venta estaría ligada a grupos económicos cercanos a Noboa (Redacción Radio Pichincha, 2025). En esa misma línea, en el contexto de las protestas sociales el gobierno clausuró el medio comunitario TV MICC (Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), 2025) ligado al Movimiento Indígena de Cotopaxi. Es decir, hay un afán para controlar la narrativa pública a través de la concentración mediática y el silenciamiento de voces críticas.
Cuando empezaron las movilizaciones sociales a mediados de septiembre de 2025, el gobierno entregó un paquete masivo de bonos y tractores, lo que ha logrado contener parcialmente la resistencia, dividir al movimiento indígena y eliminar el apoyo de sectores como los transportistas. El 18 de septiembre mientras la asamblea de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocaba a un Paro Nacional e Indefinido, Noboa entregaba cien tractores y 70.000 bonos raíces en Chimborazo. En Cotopaxi y Tungurahua (22-25 de septiembre), Noboa entregó insumos, títulos de propiedad y créditos a tasa subsidiada. En Otavalo (24 de septiembre) también repartió bonos y créditos, pero salió escoltado de la ciudad ante rechazos masivos.
Además, en el contexto de las movilizaciones sociales Noboa y sus ministros se han dirigido a las zonas de mayor conflicto y han impulsado contramarchas para minar la legitimidad de las protestas y a través de discursos que convierten a manifestantes en terroristas hay una incitación al odio, al racismo y la anulación de éstos como ciudadanos, lo que busca legitimar acciones violentas en su contra como el asesinato de Efraín Fuerez.
Otra táctica para contener el conflicto ha sido la intervención en la mayor organización social del país, la CONAIE, mediante el impulso de candidatos afines al gobierno para dirigir la organización. Esta estrategia ha incluido acuerdos oscuros con asambleístas de Pachakutik para que voten junto a la bancada de Noboa, así como la profundización de la persecución contra los líderes más críticos, particularmente Leónidas Iza (Ruiz, 2025). Precisamente, el descubrimiento de operaciones de vigilancia e infiltración estatal contra este dirigente social reveló el monitoreo e infiltración sistemática que sufren numerosas organizaciones y dirigentes sociales. En esencia, existe una estrategia coordinada para desarticular al movimiento social.
Pero cuando las tácticas de división y contención no funcionan, el gobierno ha implementado una estrategia para generar miedo y terror a través de una represión focalizada, rápida y violenta, con el objetivo principal de impedir que las protestas lleguen a la capital, Quito (Rojas, 2025). Una medida clave para ello fue trasladar la sede de gobierno a Latacunga después de la eliminación del subsidio al diésel. Sin la posibilidad de tomar Quito, las protestas aparecen dispersas y carentes de unidad.
La fuerte inversión en los aparatos represivos del Estado se hace evidente en los enormes convoyes que se movilizan con facilidad de un territorio a otro, permitiendo focalizar la represión de manera violenta en los lugares con mayor resistencia. En varios lugares de Imbabura, las fuerzas armadas no sólo han enfrentado las movilizaciones, sino que han atacado directamente territorios indígenas durante la noche y la madrugada. Esto indica una estrategia que va más allá de contener las protestas, atacándolas de manera premeditada con tácticas militares.
En esta misma región, se han empleado tácticas de terror psicológico mediante cortes de energía eléctrica, desconexión de internet y alertas de ataques violentos. Lo que nos recuerda las acciones que está llevando a cabo Israel en el genocidio a Palestina. El propio Noboa ha equiparado la situación de Ecuador con la de Israel, afirmando que ambos países libran una “guerra contra el terrorismo” y que el apoyo israelí es fundamental para “colaborar con la paz en la región” (Infobae, 2025).
La represión a las movilizaciones ha incluido disparos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo y el presunto uso de armas de fuego, producto de lo cual hay una persona asesinada. Además, las personas detenidas en el contexto de las protestas han sufrido desapariciones temporales, lo que genera aún más terror en la población. En general, el gobierno no ha cesado de definir a los manifestantes como terroristas. Al 14 de octubre, cuando se cumplen veintitrés días de paro nacional, la estrategia gubernamental, además de la deslegitimación y la brutal represión, parece buscar la dilatación y el desgaste del movimiento. Mientras tanto, las comunidades indígenas mantienen su resistencia, aunque con un liderazgo territorial y nacional debilitado.
La suspensión sistemática y progresiva a través de constantes estados de excepción, la militarización, la declaratoria de Conflicto Armado Interno y la generalización de un estado de guerra buscan un disciplinamiento de la sociedad. Este disciplinamiento a través de la crueldad y el terror se observa de manera clara y en su mayor expresión en las cárceles. Es ahí donde se han producido sangrientas masacres y son esas poblaciones las que están siendo sometidas a tratos crueles como la privación de alimentos y medicamentos (Amnistía Internacional, 2024) e incluso a torturas (DW, 2024). Los alcances de las transformaciones en materia de seguridad aún se desconocen, dado que están enlazados a los acuerdos de cooperación de seguridad firmados con Estados Unidos. Sin embargo, en palabras del expresidente Guillermo Lasso es “lo más cercano” al Plan Colombia.
De esta manera, la espectacularización de la toma de un canal de televisión, las filtraciones en video de las masacres en las cárceles, la desaparición de los cuatro niños de las Malvinas, el traslado de manifestantes a prisiones donde su vida corre peligro, el asesinato de un manifestante y el asedio a territorios indígenas no parecen eventos aleatorios, sino que responden a un patrón común: la producción sistemática de terror.
Este terror aplicado en la represión de las movilizaciones sociales no es un fenómeno nuevo. Le ha permitido al gobierno ganar aceptación entre una población que, atemorizada, ha visto reducidos sus derechos a cambio de la promesa de seguridad. El terror ha facilitado el avance tanto del proyecto de ajuste económico como del extractivista. Asimismo, ha sido el instrumento para concentrar poder y militarizar la vida cotidiana. En esencia, el terror se ha convertido en una política de Estado.
Referencias
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