Para Verónica Cevallos, esposa del líder indígena Carlos Pérez, su cónyuge es un perseguido político, considera que el Gobierno Nacional lo hostiga a él y a su familia, al punto de no poder salir tranquilos a la calle y tener intervenidas sus líneas telefónicas.
Pérez, presidente de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay, UNAGUA, es uno de los líderes campesinos que se oponen al proyecto de Ley de Recursos Hídricos. El 4 de mayo último, fue detenido en la parroquia Tarqui mientras participaba en una protesta contra la mencionada ley. Pese a recuperar la libertad a las pocas horas, es enjuiciado por los cargos de sabotaje y terrorismo.
Verónica Cevallos comenta que, pese a cumplir las medidas cautelares, Pérez y Federico Guzmán (otro opositor del proyecto jurídico), afrontan una orden de prisión preventiva.
Lo que llama la atención, prosigue la señora, es que la disposición no siguió el proceso pertinente, pues Pérez acudió a una audiencia el 23 de junio y el juez encargado del caso no se pronunció en ese momento. Es más, añade Cevallos, la orden se emitió el 27 de junio, pero se la conoció recién el 29.
La esposa del dirigente añade que la defensa de su esposo trata de evitar que sea encarcelado, sobre todo porque no hay garantías de que su seguridad será respetada dentro del reclusorio.
