Proyecto minero Cangrejos: entre el discurso de desarrollo del Gobierno y la alerta territorial por agua, vida y derechos en El Oro
El proyecto minero Cangrejos, ubicado en la provincia de El Oro, se ha convertido en un nuevo eje de conflicto entre el Gobierno Nacional, las comunidades locales y las organizaciones sociales y ambientales del país.
Desde la posición oficial, el Ministerio de Energía y Minas anunció en noviembre de 2024 la firma del contrato de explotación con la empresa Lumina Gold, a través de su subsidiaria Odin Mining del Ecuador S.A., destacando una inversión superior a USD 1 300 millones, la generación de más de 1 200 empleos en fase de construcción y hasta 1 150 en la etapa de operación. El Gobierno sostiene que el proyecto contempla el pago anticipado de regalías, aportes económicos estimados en más de USD 5 200 millones durante su vida útil y compromisos de autoabastecimiento energético, presentándolo como un pilar para el desarrollo sostenible del país.
Sin embargo, a pesar de estos anuncios, la firma del contrato —prevista inicialmente para enero de 2026— se mantiene sin fecha definida, en medio de negociaciones prolongadas y un creciente rechazo social en el territorio.
En El Oro, comunidades, organizaciones sociales y sectores productivos han expresado su oposición al proyecto mediante asambleas ciudadanas, resoluciones colectivas y acciones legales. Alertan sobre graves riesgos para las fuentes hídricas, los bosques primarios, las zonas de recarga de agua y las actividades agrícolas y productivas de los cantones Atahualpa y Santa Rosa. Entre sus demandas centrales constan la fiscalización del proyecto, el acceso a información pública y la realización de una consulta ambiental y territorial.
A esta preocupación se suma el pronunciamiento del Frente Nacional Antiminero, que advierte que el proyecto Cangrejos representa una amenaza de gran escala para los ecosistemas del Cerro Azul y las microcuencas de la provincia. La organización denuncia la imposición del proyecto sin consulta previa, libre e informada y señala que esta iniciativa forma parte de una política extractivista orientada a convertir al Ecuador en un “destino minero”, a costa del agua, la biodiversidad, la agricultura, el turismo y los modos de vida sostenibles.
Frente a este escenario de posiciones contrapuestas, RiksinakuyTV Internacional abre el debate público y territorial, dando voz a las comunidades afectadas y a los actores sociales que cuestionan el modelo extractivo impulsado desde el Estado.
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