Por: Rosendo Yugcha Changoluisa
Pueblo Kitukara, Comunicador Social
Foto portada: Pacha Callari
Octubre 7 de 2020
Que complejo resulta para los políticos incursionar en la disputa de los espacios de poder, sobre todo cuando previamente, desde los medios, redes y el boca a boca, se ha sembrado un ambiente de desconfianza y desprestigio. La política pone a prueba la sensatez, integridad y madurez humanas y esto no aplica restricciones, pues todos y todas hemos de cumplir el encargo recibido de mantener y continuar ideales de vida, de comunidad, en nuestro espacio tiempo.
En el escenario preelectoral hay dos tendencias concretas; una que pretende afianzar el poder ejercido tras bastidores en los últimos cuatro años, avalado por la voluntad popular expresada en el 2018, con una consulta que nos prometió la recuperación de la institucionalidad. La otra enfrenta la traición, la división y la persecución judicial que busca impedir la participación electoral de sus candidatos.
La crisis institucional en lugar de resolverse se ha agravado con la pandemia y la corrupción en el manejo de la emergencia sanitaria, la cuál ha sido aprovechada para emitir decretos, aprobar y/o vetar leyes que vulneran el estado de derecho y la garantía de ellos a los sectores más vulnerables; con una clara intención de justificar progresivamente una lógica privatizadora de bienes y servicios estatales; esto es parte del escenario que tendrá que asumir el nuevo régimen.
Ambas tendencias en todo caso intentan sobrepasar este campo minado de confrontaciones, denuncias y amenazas con la idea fija en los resultados electorales; pues, no solo está en juego la estructura del Estado. En la mira está la posibilidad de una reforma constitucional, por tanto, la conformación de una mayoría legislativa es estratégica, de ahí la intención de anular por completo al adversario. Pero hay una amenaza mayor.
La apatía, desconfianza y aberración a la acción política que se genera en el electorado, cumple la función perversa de alejar a la gente de los espacios de debate, construcción y funcionamiento de la estructura estatal responsable de garantizar la vigencia de lo público. La intención es reducir el derecho a la participación al hecho de elegir autoridades cada cierto tiempo y a lograr que esta acción se vaya volviendo cada vez más inútil, impuesta e innecesaria.
La participación como derecho constitucional fundamental consagrado en la legislación ecuatoriana ha sufrido igual desgaste que la acción política, a pesar de la expedición de normativas de aplicación y la creación de instituciones para administrarla. Esto demuestra que, en la disputa simbólica y material del poder, es estratégico el sentido de la gobernabilidad, es decir, la capacidad de incidencia en los mecanismos de activación y orientación de la participación.
Por lo tanto, los contenidos que se emiten, transmiten y difunden en la sociedad tienen la capacidad de alentar o desgastar la capacidad crítica y de aporte de la gente frente al contexto político. Los discursos e imágenes que vierten en los medios de comunicación, redes sociales y en el boca a boca van construyendo relatos, pero son las dinámicas cotidianas las que finalmente establecen una mediación entre los contenidos y la acción política, es decir le otorgan un sentido.
Habría que indagar cuáles son los sentidos que se construyen en la familia, en el barrio, en la comunidad y si ellos responden a nuestras realidades e intereses desde una identidad cultural territorialmente definida. Habrá que exponer esas realidades e intereses de manera permanente para capitalizar la coyuntura política electoral, fortaleciendo sentidos comunitarios que revaloricen el desgastado derecho de participación.
