Violencia estatal y derechos humanos: cuatro muertes, cientos de heridos y una deuda de justicia que el Estado no asume
El Paro Nacional de septiembre y octubre de 2025 en Ecuador dejó un saldo trágico que aún no ha sido asumido por el Estado: cuatro personas fallecidas, alrededor de 600 heridas y múltiples denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. La movilización fue convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales, en rechazo a las políticas del gobierno de Daniel Noboa, particularmente la eliminación del subsidio al diésel.
La medida gubernamental incrementó el precio del diésel de USD 1,80 a USD 2,80, afectando de forma directa al transporte, la agricultura y la economía popular, provocando un alza generalizada en los precios de productos básicos. A esta demanda se sumaron otras de carácter estructural: la crisis del sistema de salud y educación pública, la inseguridad ciudadana, el irrespeto a los derechos colectivos y a los territorios de las comunidades.
Durante los 31 días de movilización, organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron el uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La represión, lejos de desactivar el conflicto, profundizó la protesta y la desconfianza frente a un Estado que ya había incumplido acuerdos alcanzados en movilizaciones anteriores.
El paro finalizó el 22 de octubre de 2025, cuando el entonces presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, anunció el cese de las movilizaciones argumentando la necesidad de proteger la vida de los manifestantes frente a la escalada represiva.
Sin embargo, la deuda del Estado permanece abierta. El 27 de diciembre de 2025 falleció Edison David Farinango Tontaquimba, artesano, agricultor y constructor de la comunidad de San Ignacio de Cotacachi, luego de permanecer dos meses hospitalizado por graves lesiones sufridas durante el Paro Nacional. Con su muerte, ascienden a cuatro las personas fallecidas en este contexto: José Guamán, Efraín Fuerez y Rosa Paqui.
Hasta la fecha, el Gobierno no ha asumido responsabilidad alguna por el uso excesivo de la fuerza ni por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas.
Por la urgencia y gravedad de estos hechos, RiksinakuyTV Internacional abre un espacio de análisis, memoria y exigencia de justicia con voces desde los territorios y organizaciones de derechos humanos.
📺 Jueves 8 de enero de 2026
🕢 19h30 (Quito)
🎙 Conducción: José Atupaña Guanolema, comunicador kichwa de la Nación Puruhá
Invitadas:
- Ercilia Castañeda, Vicepresidenta de la CONAIE.
- Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
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