Por: Semu N. Saant / 09-04-2018
Según la declaración de derechos humanos de la ONU (1969) y la constitución del Ecuador (2008), es un derecho del ser humano el acceso a la educación. El Ecuador profundiza este derecho estableciendo que será obligatorio y gratuito la educación de los ciudadanos hasta el bachillerato, y gratuita, la educación superior en instituciones públicas.
Según vanguardistas conceptos económicos referentes a “desarrollo” e incremento de riqueza, la innovación (investigación y educación) es el componente diferenciador de una economía con otra, en resumen, mientras más investigación y educación tenga un estado (sociedad) generara riqueza y producción de manera más eficiente y rápida que otros estados. Esta aseveración es comprobable si contrastamos dos países cualesquiera.
El Ecuador es considerado desde dentro y desde fuera como un país en vías de desarrollo, entendiéndose así la amplia acogida que tiene el discurso bicondicionante de educación-progreso. Aquí viene la polémica, estoy de acuerdo en que la educación hasta el bachillerato sea gratuita y obligatoria; más, sin embargo, parece que la gratuidad en las universidades públicas no rinde los frutos esperados de la inversión (gasto) del estado.
El incesante discurso público de que es necesaria mayor número de profesionales titulados (tercer nivel) para alcanzar el progreso y mejores oportunidades ha creado un conflicto social [creación que lleva muchos años vigente], se pretende hacer entender que tener un título de tercer nivel o superior es sinónimo de calidad humana y profesional, y que por tanto urge a toda costa hacer que todos tengas acceso a estudios universitarios y alcance a tener un título, literalmente un cartón bajo el brazo.
El asunto no es tener más personas con títulos, lo verdaderamente importante es que nuestra sociedad cuente con profesionales competentes y capaces. Justamente, el enorme número de profesionales con títulos universitarios (y cuya mayoría ponen en duda los objetivos de su educación) ha hecho que la media de las remuneraciones disminuya. En realidad, quiénes deben estar produciendo u ocupando espacios de transformación productiva son los puedan demostrar estar aptos para aquello, reduciendo todo a la tan temida y tergiversada meritocracia.
La meritocracia como tal brilla por su ausencia en sociedades latinoamericanas, donde la corrupción se escabulle tanto en espacios públicos como privados. Si consideramos que la educación superior pública se financia con los impuestos de todos los ciudadanos (entre otros rubros) su replanificación es urgente; hay que recuperar el prestigio y valor de la educación superior, garantizando el acceso y gratuidad a las personas que en realidad estén interesadas en estudiar y contribuir a la sociedad, no a quiénes cuyo único objetivo es cargar un título en el brazo.
A pesar de que nuestro país se ha tomado muy a pecho el acceso a la educación existe una rara contradicción en el proceso de contratación en general (existen obvias excepciones), donde se antepone la experiencia a la formación, en papeles lo primero perjudica a las jóvenes y lo segundo a los adultos; aun nos falta aceptar la competencia profesional basada en resultados, algo que en Ecuador parece lejano.
La educación superior pública debe ser analizada a conciencia, debe permitir el desarrollo del ser humano, dejar a un lado intereses populistas, brindar una oferta educativa de calidad. Entonces, ¿alcanzamos todos?, ¿debemos alcanzar todos?, ¿es número o calidad?
Educación superior: ¿alcanzamos todos?, articulo de Semu N. Saant. Lea y escuche en Riksinakuy (https://atomic-temporary-17868035.wpcomstaging.com/). 09-04-2018
