En 2021, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), respetuosa de la democracia y coherente con el llamado del presidente de la República, Guillermo Lasso, en cuatro ocasiones participó de mesas de diálogo presenciales, donde, públicamente el organismo social presentó una propuesta económica que cobije a todos los ecuatorianos. Sin embargo, pese al acuerdo del Gobierno con dicha organización social (analizar y dar respuesta a dichas demandas), no se cumplió.
Por el contrario, las políticas instauradas desde el Ejecutivo han contribuido al deterioro de la calidad de vida de los ecuatorianos. El aumento de los precios, de la pobreza, desempleo y la inseguridad son evidentes. No es coincidencia que, incluso los aliados del Gobierno han reconocido que las políticas llevadas a cabo por el Gobierno fueron contrarias al interés popular.
Dada esta realidad, en mayo de 2022, al amparo del artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador (derecho a la resistencia), la Conaie en forma colectiva convocó para el 13 de junio de 2022 a una movilización nacional e indefinida. Lamentablemente, el ejercicio de este derecho no ha sido bien visto por el Ejecutivo. Mas bien, se instauró un escenario divisorio entre ecuatorianos y la desmedida criminalización de la protesta.
Más allá de esto, el pasado 18 de junio de 2022, el presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo 455, mediante el cual declaró estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. Lamentablemente, el Decreto en cuestión no fue un instrumento para resolver la crisis del país, sino, para demostrar su actitud egocéntrica frente a una población que clama por políticas económicas de justicia e igualdad en la diversidad.
Es más, usando este Decreto, se ha instaurado miedo e intimidación en las instituciones autónomas, de apoyo humanitario y en la colectividad en general. Un claro ejemplo de ello es el allanamiento de la Casa de la Cultura y la intimidación engendrada en la fundación Cecilia Rivadeneira que acoge a personas vulnerables.
Esta mitificación ha creado incertidumbre con sabor dictatorial, visto hace 46 años en plena dictadura. El objetivo de esta acción es dejar sin espacio de descanso para los manifestantes. Pero, cuando el hambre y las injusticias toca fondo, diariamente más colectivos se suman a la lucha.
Bajo esta incertidumbre, como pueblos y nacionalidades exhortamos a las universidades abrir las puertas para que los manifestantes puedan descansar. Las instituciones de educación superior al amparo de la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior son “recintos inviolables”. Incluso, en función de la misma Carta Magna (artículo 193) “Las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las universidades” pueden organizar y mantener los servicios de defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos que requieran atención prioritaria”.
De igual manera, el día de hoy 20 de junio, la Asamblea Nacional, por pedido de al menos 72 asambleístas, a las 17h15 analizará la vigencia del estado de excepción. En estos términos, la casa legislativa, al momento se encuentra en la mira de los 18 millones de ecuatorianos. Como pueblos y nacionalidades exhortamos un análisis responsable que revoque el estado de excepción. Los 10 puntos planteados por la Conaie y demás colectivos recogen las necesidades reales de la clase media y baja.
Por: Pedro Cango. Kichwa-Saraguro. Economista, Doctorando en economía (U. Complutense de Madrid). Foto portada: Prensa Latina. Junio 30 de 2022
