Las delegaciones presentes en el VI Encuentro Nacional del Foro de los Recursos Hídricos, reunido el 17 y 18 de junio de 2010 en la ciudad de Quito, decidieron auto-convocarse a un Primer Encuentro Nacional de las Organizaciones y Usuarios del Agua para continuar con el proceso de organización y movilización en torno a la problemática del agua en el país. Este encuentro se realizó el 10 de julio de 2010 en la ciudad de Ambato, provincia Tungurahua. Estuvieron presentes instituciones y organismos invitados: SENAGUA, INAR, Asesor del Asambleísta Jaime Abril, Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales, Gobernación.
Acuerdos y resoluciones
Todos los ecuatorianos, de la Costa, de la Sierra, de la Amazonia y de las regiones insulares son usuarios del agua. Por ello, todos tenemos derecho a ser consultados cuando se debaten los temas del agua. Por tanto se debe tomar en cuenta a todos los usuarios del agua del país en el proceso de consulta pre-legislativa para la aprobación de la Ley de Aguas. Dicho proceso de consulta deberá permitir la incorporación de las recomendaciones de las organizaciones de usuarios al proyecto de Ley, es decir la consulta será vinculante. Se analizará por parte de las organizaciones de usuarios el reglamento y se enviará las recomendaciones y correcciones necesarias a la Asamblea Nacional. Una vez que este reglamento sea consensuado con los pueblos y nacionalidades, comunidades y organizaciones usuarias del agua, debe socializarse al conjunto de la población por parte de la Asamblea Nacional, señalando el alcance, los objetivos y utilidad que tendrá esta consulta.
Debe realizarse la descentralización del riego, siempre y cuando se mantenga una autoridad nacional del riego que planifique a nivel nacional este tema y que transfiera competencias a entidades especializadas de riego en las provincias adscritas a los Gobiernos Provinciales y que estas instancias cuenten con la participación de los regantes y organizaciones campesinas. Debe formularse un plan de riego y desarrollo agrario para los meses que quedan del año 2010 que se ejecute en áreas de riego en cada provincia con apoyo de otros programas y proyectos del MAGAP y de otras entidades y formularse un Plan nacional de riego con participación de nuestras juntas de riego y de organizaciones campesinas de agricultores.
En el proyecto de Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua se deben incluir los aportes y propuestas de las organizaciones de usuarios de agua de riego y consumo humano. Es decir:
Que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) sean parte de la gestión y administración de los espacios donde nace el agua, es decir de los páramos, montañas, etc. para la conservación y protección de las fuentes de agua.
Que los GAD municipales sean responsables de la dotación de agua segura, en cantidad y calidad y con costos que garanticen el derecho humano al agua, a las poblaciones urbanas y rurales, y de la descontaminación del agua usada.
Que se apliquen las sanciones adecuadas para incentivar la protección de los recursos hídricos por parte de los GAD y usuarios del agua.
Que el Estado central y los GAD respeten y reconozcan la administración comunitaria y de las organizaciones de usuarios de los sistemas de agua de consumo humano.
Se debe reconocer la autonomía y fortalecer todas las Juntas Administradoras de agua potable y de riego tanto en zona rural como en zona urbana. Algunos sectores estarían impulsando la absorción de los sistemas comunitarios de agua de consumo doméstico por parte de los municipios lo cual contradice al mandato constitucional de fortalecer los sistemas comunitarios o incentivar las alianzas público – comunitarias.
En el caso que la administración de un sistema comunitario sea transferido a un GAD, por decisión de la comunidad, el Estado tendrá la obligación de verificar que se apliquen principios de equidad entre los usuarios y que no se practique ninguna relación de clientelismo.
Que se realicen por parte de las autoridades públicas los inventarios de los recursos hídricos en cada provincia del país, considerando las cuencas y microcuencas, con participación de las organizaciones comunitarias y usuarias del agua.
Que se asignen los fondos necesarios para dar cumplimiento a las obras y planes a realizarse en el campo, mejorando y ampliando el riego, potabilizando el agua y ejecutando planes de manejo de páramos y cuencas hidrográficas.
Que se defina un límite de la frontera agrícola. Este proceso debe ser específico a cada territorio y espacio del país y articulado localmente ya que se encuentra una gran diversidad de situaciones frente a este tema a lo largo de la serranía ecuatoriana.
Se deben impulsar desde el Estado proyectos para la recuperación de los suelos como por ejemplo en zonas afectadas por el avance de la frontera agrícola. Estos proyectos deben orientarse hacia los pequeños y medianos campesinos, y comprender facilitaciones para el acceso al crédito y programas de capacitación.
Se debe disminuir progresivamente la carga animal en los páramos, para evitar la destrucción de estos ecosistemas. Por ello, se debe implementar políticas públicas de apoyo a los pequeños agricultores que se encuentran en áreas frágiles de la naturaleza que son territorios de recarga hídrica y que garantizan el ciclo hidrológico.
Se debe definir un límite en el tamaño de los predios y reglas para el otorgamiento de escrituras de posesión para evitar el fraccionamiento de estas tierras que provoca minifundio.
Se debe incluir un artículo sobre el manejo de los proyectos hidroeléctricos cuando dichos proyectos son impulsados desde los GAD. Demandamos que se desarrolle el principio de manejo corresponsable y paritario de los proyectos hidroeléctricos entre los gobiernos locales y la población local o usuarios del agua.
Exigimos que se debatan los nudos críticos del proyecto de Ley públicamente con las organizaciones de usuarios del agua que no fueron tomadas en cuenta hasta ahora por la Asamblea Nacional y la SENAGUA.
Demandamos además que las competencias para el manejo de los sistemas de agua potable que están bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Viviendas (MIDUVI) se transfieran a la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA).
Para evitar el agotamiento del agua en los páramos exigimos que se tomen en cuenta los mecanismos siguientes: las comunidades que viven en los páramos deben ser reubicadas en tierras más bajas en acuerdo con estas comunidades, sin que pierdan la propiedad colectiva de estos páramos, a través programas agropecuarios de redistribución de tierra; se debe fomentar proyectos que apoyen actividades económicas alternativas para las comunidades que viven en los páramos; y se deben aplicar tarifas especiales en las grandes ciudades que utilizan el agua de los páramos para abastecerse y que serán utilizadas para el financiamiento de proyectos de manejo sustentable de estos espacios. Además debe presentarse una nueva normativa que recoge los principios de la Constitución para la regulación de la conservación de los páramos.
Finalmente no se debe permitir ninguna actividad minera en los nacimientos de agua, centros poblados y en las cuencas hidrográficas donde existen zonas de producción para el consumo local y nacional.
En la Constitución se define la prohibición de fraccionar las tierras comunales, lo cual debe ser implementado por las autoridades del Estado. Debe mantenerse patrimonio del Estado las tierras que se encuentran sobre los 4 000 m.s.n.m, y para tierras a menor altitud reglamentarse su uso a fin de evitar la destrucción de ecosistemas fundamentales para el ciclo del agua.
Demandamos que se arranque un proceso de redistribución de las tierras del país, con la participación de las organizaciones de usuarios del agua, con un reglamento que impida el fraccionamiento y que se apoye desde el estado para crédito, infraestructura, transformación de productos y comercialización.
Defendemos la autonomía de las Juntas de agua potable y de riego, así como de los comités, asociaciones y organizaciones de usuarios.
Ratificamos todas las propuestas de políticas públicas concluidas durante el VI Encuentro Nacional del Foro de los Recursos Hídricos en el que participamos el 17 y 18 de junio de 2010.
Las organizaciones de usuarios del agua presentes se reunirán en un Segundo Encuentro Nacional en la ciudad de Riobamba, el 21 de agosto de 2010, para el cual todas las juntas y organizaciones de usuarios del agua serán convocadas. Mientras tanto, los dirigentes y usuarios presentes socializarán en sus organizaciones respectivas los resultados y compromisos de este primer encuentro nacional.
Se presentarán, junto con las conclusiones del VI Encuentro Nacional del Foro de los Recursos Hídricos, las propuestas y acuerdos de este Primer Encuentro Nacional de las Organizaciones de Usuarios del Agua a las autoridades públicas competentes, Gobierno Central y Presidente de la República.
Se enviará nuestras recomendaciones ante el reglamento para la consulta pre-legislativa a la Asamblea Nacional.
Ambato, 10 de julio de 2010
