Por: Henry Llanes, Analista petrolero
El actual presidente de las petroleras fue el representante de Correa en el Directorio de PETROECUADOR.
Las reservas de los hidrocarburos, su explotación, transporte, refinación y comercialización, son actividades económicas que generan una gran rentabilidad económica a nivel mundial, por eso es que, al margen de su utilidad o beneficio en el desarrollo de las actividades productivas y de transporte, o como materia prima e insumos para la obtención de una diversidad de derivados, existen enormes intereses empresariales que hacen lo posible y hasta lo imposible por controlar dichos mercados.
Con la política las petroleras caminan de la mano, y en el Ecuador no son la excepción, para muestra basta un botón, el actual PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA HIDROCARBURÍFERA DEL ECUADOR –AIHE, Juan José Ziritt fue hasta hace poco tiempo, nada más y nada menos que el representante del Presidente de la República Rafael Correa Delgado en el Directorio de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador –PETROECUADOR, por eso es que, no se ha opuesto al proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente en materia económica, apenas ha formulado ciertas observaciones de forma.
En el Directorio de Petroecuador se maneja información privilegiada sobre la política petrolera ecuatoriana, manejo de reservas, contratos, estrategias de negociación, manejo de datos, planes operativos, autorizaciones, resoluciones, estudios, etc.; de manera que, quien participa en este organismo estatal tiene acceso a toda la información con sus respectivos respaldos.
Los beneficios concretos de las petroleras, que a su vez se traducen en perjuicios económicos en contra del país, lo obtuvieron en el “CONTRATO DE TRANSICIÓN”, suscrito por el gobierno de la revolución ciudadana en el transcurso de los años 2008 y 2009, en cuyo proceso se dijo al país que iban a renegociar los contratos petroleros cambiando la modalidad de participación por el de prestación de servicios, para lo cual no necesitó reformar la Ley de Hidrocarburos sino imponer su propia iniciativa al margen de dicha ley, ya que el “CONTRATO DE TRANSICIÓN” no consta en la legislación petrolera sino los contratos de asociación, prestación de servicios, participación, campos marginales, gestión compartida, empresas de economía mixta, convenios operacionales de explotación unificada y modificación de los contratos petroleros.
Pese a no constar en la legislación petrolera el “CONTRATO DE TRANSICIÓN”, las autoridades del sector energético de la revolución ciudadana impulsaron la renegociación de los contratos petroleros mediante dicho criterio, en cuyo proceso SUBIERON EL PRECIO BASE DE LOS CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN que era entre 17 y 24 dólares el barril, lo subieron a más del doble, a 42,5 y 57 dólares, beneficiando por esta vía a las compañías petroleras.
Con ese acuerdo de renegociación contractual, SE LOGRÓ DISTORSIONAR LO APROBADO por el gobierno de Alfredo Palacio y el Congreso Nacional, para que el Estado y las compañías petroleras se repartan en términos equitativos los ingresos de los hidrocarburos por concepto del incremento del precio del barril del petróleo, esto es, 50% para el país y 50% para las contratistas SOBRE EL PRECIO BASE acordado en los CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN. Este es un enorme perjuicio económico al país, ya que no es lo mismo recibir ingresos sobre la base de 17 y 24 dólares, que los establecidos en el “CONTRATO DE TRANSICIÓN”, los montos varían enormemente.
Esta maniobra de negociación petrolera logró romper el OBJETIVO de la reforma de Palacio y del Congreso Nacional, es decir, pudieron más los intereses de las petroleras que lo aprobado por las principales funciones del Estado ecuatoriano.
Si no se hubiera producido la renegociación de los contratos petroleros, muchos de los cuales están por terminar su período de vigencia, se hubieran generado mayores ingresos para el Estado, que al menos le hubieran evitado endeudarse con el gobierno Chino, a quien le paga diariamente con petróleo con un alto castigo en el precio.
Además, se dijo al país, que habían extendido los plazos de vencimiento de los contratos petroleros, y que si las petroleras no aceptan el cambio de sus contratos se les va a indemnizar sus inversiones no recuperadas, es decir, se les va a premiar, cuando éstas ya debieron haber recuperado sus inversiones, costos, gastos y obtenido una gran utilidad debido al alto precio del petróleo.
Según la legislación petrolera, cuando termine el período de vigencia de los contratos petroleros, las compañías contratistas tienen como obligación de entregar al Estado todos sus activos inventariados sin ningún costo ¿por qué entonces no esperan que termine el período de vigencia de dichos contratos para evitar pagos adicionales a las contratistas?
Este perjuicio económico en contra de los intereses del país los debería investigar, fiscalizar y auditar el pleno de la Asamblea Nacional.
