Por: Henry Llanes*
SE VIENE UN NUEVO BATATAZO EN CONTRA DE LOS INTERESES DEL PAÍS:
En los últimos treinta años, un pequeño grupo de ecuatorianos han logrado imponer sus intereses al conjunto de la sociedad ecuatoriana integrada por millones de ecuatorianas y ecuatorianos, es muy probable que el 99.9% de la población del Ecuador desconozca el manejo de la política petrolera.
Las reformas petroleras de los últimos treinta años han sido direccionadas por este grupo y no por las organizaciones políticas, quienes cumplen un rol de intermediación entre la sociedad y el Estado.
I. En la primera etapa de explotación petrolera (1911-1971) al país le quedó el 1% de los ingresos petroleros y Anglo se llevó el 99% (Gustavo Jarrín Ampudia).
II. En la segunda etapa (1972-1991), con relación al contrato con la compañía Texaco, al país le quedó el 93% de la explotación petrolera y la compañía se llevó el 7% (Luis Alberto Aráuz), es decir, se invirtieron los papeles en beneficio de los intereses del país.
III. En la tercera etapa, con la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 1993 le queda al país en promedio el 18% de la producción petrolera y las compañías petroleras se llevan el 82%, quienes, además se han beneficiado de la mezcla total de los crudos desde inicios de los años noventa hasta la actualidad, cuyos costos operacionales los asume el país en la explotación, transporte, refinación y comercialización de los hidrocarburos; también se han beneficiado de las exoneraciones tributarias, como por ejemplo el no pago de las regalías petroleras.
IV. Una cuarta etapa es la que propone Correa, para que le quede al país el 25% de la explotación petrolera y el 75%, que es el mayor porcentaje y no el REMANENTE como dice el proyecto de reformas, será para cubrir inversiones, costos, gastos y una utilidad para la contratista -CON EL AGRAVANTE PARA EL PAÍS-, que se entregaría a las contratistas los campos petroleros que actualmente están en producción, en los cuales no existe riesgo exploratorio. Además, con el proyecto de reformas se propone entregar la tubería por donde se transportan los hidrocarburos, así como las plantas de refinación; también con esta reforma se estaría eliminando a la empresa estatal, y en su reemplazo se crearía una oficina, que en el proyecto se la denomina secretaría de hidrocarburos.
V. En 1982, en el gobierno de Oswaldo Hurtado se creó el contrato de prestación de servicios para que las contratistas inviertan en proyectos de riesgo exploratorio, y que el Estado les reembolse las inversiones y los costos, siempre y cuando, encuentren hidrocarburos comercialmente explotables y le dejen al país por lo menos un 15% de utilidad, luego de deducir todos los costos de producción, transporte y comercialización de los hidrocarburos.
VI. En el período 1984-1988 se adjudicaron catorce bloques petroleros mediante el contrato de prestación de servicios. En estos contratos se incluyeron disposiciones contractuales para que el Estado reciba una participación aproximada del 30%, en la cual estaban incluidos los ingresos tributarios, por ejemplo, en el caso del bloque 16 estaba previsto que el Estado reciba el 16.23% de la producción y un 10.09% por concepto de tributos, sumados los dos rubros 26.32%, pero al cabo de varios años de explotación petrolera el país recibió 0% (CERO) ingresos petroleros de dicho contrato.
VII. En el período 1988-1992 influyeron para que se sustituya a CEPE por Petroecuador.
VIII. En 1993 nuevamente fueron parte de los equipos que reformaron la Ley de Hidrocarburos, en la cual incluyeron los contratos de participación y de campos marginales. El primero ha sido nefasto para los intereses del país, en él se definió una baja participación para el Estado, la cual oscila entre el 12.5% y 18.5% y para las contratistas la mayor parte, entre el 81.5% y 87.5%, se redujo el pago del impuesto a la renta al 25%, se exoneró a las contratistas del pago de regalías petroleras y otros tributos. En el caso de la explotación del gas en el bloque 3 del golfo de Guayaquil se fijó una participación para el Estado del 10% y para la contratista del 90%, y si la contratista encuentra gas de uso doméstico, el Estado está obligado a pagarle como si fuese un producto importado, además, se le adjudicó a la contratista un negocio adicional violando la Ley de Hidrocarburos. El contrato de campos marginales se lo puso en vigencia para desmembrar los campos petroleros que estaban bajo el control de la empresa estatal.
IX. En 1999 fueron parte del gobierno de Mahuad.
X. En el período 2007-2010 han sido parte del gobierno de Correa.
XI. El proyecto que propone Correa no es nuevo, éste ya fue presentado con el carácter de urgente en materia económica en el gobierno de Noboa bajo dos criterios fundamentales: el primero coincide con la propuesta de Correa, esto es, entregar sin licitación campos petroleros a empresas estatales extranjeras; el otro fue el de las alianzas estratégicas.
Luego del análisis correspondiente, el Congreso Nacional negó dicho proyecto por ser inconveniente a los intereses del país, por ser discriminatorio y de trato privilegiado en beneficio de las empresas estatales -PERO PESE A ESTA NEGACIÓN- el Ejecutivo, haciendo uso del criterio que fue negado por el Congreso Nacional entregó de manera ilegal a la empresa ENAP de Chile cuatro campos petroleros, lo hizo obviando el proceso licitatorio mediante la alianza estratégica y con un contrato que no es para explorar y explotar hidrocarburos, es decir violó varias veces la Ley de Hidrocarburos, con lo cual se demostró que los hombres del petróleo FUERON más poderosos que el Congreso Nacional y los partidos políticos juntos.
XII. En un segundo caso, cuando fui Legislador de la República, propuse un proyecto de ley reformatorio a la Ley de Hidrocarburos con el objetivo de eliminar las exoneraciones tributarias de las que se han venido beneficiando hasta la actualidad las contratistas del petróleo, EL CONGRESO NACIONAL APROBÓ FAVORABLEMENTE ESTE PROYECTO DE LEY pero el Ejecutivo lo vetó en su totalidad.
Ese pequeño grupo de ecuatorianos, expertos en el negocio de los hidrocarburos han hecho de las suyas en este país, no han rendido cuentas a la nación y nadie los ha fiscalizado DURANTE LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS.
El gobierno de Correa insiste en aquella reforma a la Ley de Hidrocarburos que fue negada por el Congreso Nacional en el año 2002, PRESENTA UNA POBRE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE UNA PÁGINA, omitiendo la rendición de cuentas al país sobre los resultados económicos de los últimos veinte años en materia de contratación petrolera, especialmente sobre los resultados económicos de los contratos de asociación, prestación de servicios, participación, campos marginales, de gestión compartida y de los convenios operacionales de explotación unificada ¿cuáles son los beneficios económicos que ha recibido el país de estos contratos y cuáles son los que han recibido las compañías petroleras?
La Función Legislativa debería negar el proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos que propone el gobierno de Correa, es decir, debería seguir el mismo ejemplo que adoptó el Congreso Nacional en el año 2002.
Ojalá no se impongan los intereses económicos de los hombres del petróleo y no rompan las conciencias de los bloques parlamentarios.
*Analista petrolero
