Por: Juan Carlos Illicachi / 03-05-2018
La movilización y el despliegue que el gobierno ha dispuesto con diez mil efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas al sitio de conflicto, pueden ser insuficientes para enfrentar un problema que es más de fondo y estructural. Por lo que urge una respuesta enfocada a las problemáticas sociales y de un entendimiento a los pueblos en zonas de riesgo.
El conflicto fronterizo en ocasiones se ha ubicado en una situación aislada, momentánea y netamente militar. Los gobiernos han prestado atención de manera superficial y sin entender o desentenderse de una problemática que está en todos los niveles y ámbitos, que involucra a familias, culturas, idiomas y territorios ancestrales.
Con los últimos acontecimientos las nacionalidades indígenas Awá, Chachi y Epera que están ubicados en el cordón fronterizo son directamente los más afectados. Pues corren el riesgo ante una posible vulneración a sus derechos individuales y colectivos en medio del conflicto. Razón por la cual los lideres indígenas están atentos y vigilantes a las actuaciones del gobierno nacional sobre los tipos de intervenciones, el cómo y cuándo se va realizar.
Según las normativas vigentes garantizan a que no se efectúe una movilización forzada de estas poblaciones, pues si se produjere, ésta se constituiría en una violación a los derechos adquiridos en normativas nacionales e internacionales. La constitución, en el artículo 42 y 57(numeral 11) prohíbe todo desplazamiento arbitrario y garantiza el derecho colectivo de los pueblos indígenas a no ser desplazados de sus territorios ancestrales. Mientras que el articulo 10 de la Declaración las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, menciona que los traslados deberán realizarse bajo el consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas, y, siempre que sea posible, la opción de regreso.
Para los pueblos indígenas el desplazamiento de sus territorios ancestrales tiene implicaciones y afectaciones profundas. La desvinculación de la tierra, no solo es física, sino una desvinculación cultural, que implica abandonar parte de su vida, su historia, su educación y su gente, al cual una vez aislado quizá ya no tenga opción al regreso.
En este contexto, las intervenciones en la frontera no debe convertirse en algo coyuntural y militar, que solo hay que actuar y dar atención en momentos de conflictos. Debe constituirse en un plan de desarrollo integral sostenido y a largo plazo, que incluya temas de salud, educación, cultura, seguridad, generación de empleo y otros. Esto ayudará al desarrollo y fortalecimiento del tejido social.
En el caso de las nacionalidades y pueblos indígenas, se requiere una intervención bajo el respeto a los derechos constituidos, de manera participativa, organizada y planificada, sin provocar el quebrantamiento de la identidad cultural y la supervivencia de las comunidades.
Pueblos indígenas de frontera norte: más allá de los desplazamientos, artículo de Juan Carlos Illicachi. Lea y escuche en #Riksinakuy (https://atomic-temporary-17868035.wpcomstaging.com/). 03-05-2018
