A los 20 años del Primer Levantamiento Indígena y Popular

Por: Consejo de Gobierno de Ecuarunari / Quito, 16 de junio de 2010.

A los ecuatorianos y ecuatorianas
A las autoridades y funcionarios públicos
A los medios de comunicación nacional e internacional

Nosotros los pueblos indígenas quienes nos educamos en el saber comunitario, en la memoria de Daquilema y Dolores Cacuango, que seguimos los caminos de Eloy Alfaro y el Che Guevara.

Nosotros que en 1990 con el primer levantamiento indígena exigimos ¡Tierra, Cultura y Libertad! Hoy, a 20 años de ese acontecimiento
histórico, cuando creíamos que la historia había caminado, que nuestra propuesta de Plurinacionalidad y justicia social era más conocida y comprendida. Los nuevos gobernantes, los actuales poderes mediáticos, académicos y políticos, vienen a decirnos: «están equivocados», que somos unos izquierdistas y ecologistas «infantiles».

Hoy estas injurias nos lo repiten a cada momento. En el debate legislativo de la nueva ley de agua y en el manejo mediático de la
justicia indígena, nos hablan desde el prejuicio intelectual y el desprecio racista; el gobierno quiere convertirnos en el enemigo
público: «todos contra el movimiento indígena» gritan desde el Estado, todos contra la CONAIE-ECUARUNARI, particularmente.

En la defensa del agua pretenden negarnos la razón de nuestras luchas. Siendo el Ecuador una economía de amplia base agraria, el tratamiento de un tema tan trascendental como es el agua, donde se acumuló tanta conflictividad en tiempos neoliberales, resultaba ingenuo pensar que no saliera a la superficie; negar esta realidad es una sin razón oportunista. Las movilizaciones y los conflictos políticos son expresión de esta realidad y no fruto de manipulación o desconocimiento, como el presidente Rafael Correa quiere hacer creer al país. Negando los hechos se niega la posibilidad de resolver esta realidad histórica. La CONAIE-ECUARUNARI ha sido la única organización social que políticamente ha presentado hasta ahora una propuesta integra e integral sobre el agua y la que ha puesto mayor fuerza para defenderla con movilizaciones. En este camino hemos fortalecido la unidad con otros sectores sociales.

El Gobierno de la «revolución ciudadana» ante la falta de argumentos frente a la propuesta nacida desde los pueblos ha respondido con
insultos, mentirás y violencia estatal; pero la movilización social ha demostrado que la razón social puede más que la fuerza tecnocrática del Estado. Para todos es notorio que el Presidente Correa y Alianza País pretenden desvanecer la problemática del agua y la nueva ley en el «limbo» legislativo y que la promesa de «Consulta pre legislativa» no es un arrebato democrático del régimen, sino una huida incierta. El doble anuncio de archivar el proyecto de ley de agua y de implementar la consulta, no hace más que evidenciar los oídos sordos para resolver el problema estratégico de la privatización del agua.

El régimen empujo la confrontación por la ley de agua a extremos peligrosos para la democracia, agravando esta situación con discursos que hacen retroceder al país a tiempos que creíamos superados. Ahora, a propósito de la justicia indígena, los ataques se han vuelto racistas y colonialista; pretende presentar a los pueblos indígenas como salvajes, secuestradores, linchadores, violadores de derechos humanos, bárbaros. Descontextualiza y generaliza un hecho particular y aislado.

El juzgamiento por la administración de justicia indígena de un caso de asesinato, en la Comuna La Cocha, en la provincia de Cotopaxi, el Presidente Correa ha actuado sin más razón que la de desfigurar y desprestigiar al movimiento indígena, aunque para ello tenga que borrar la plurinacionalidad, los derechos colectivos y el ejercicio de la pluralidad jurídica, alcanzado en la Constitución del 2008. Sus entrañables amigos Alexis Mera y Washington Pesantes nunca le informaron que la Constitución y el Derecho Internacional reconocen a los pueblos indígenas «facultades jurisdiccionales», que si hay elementos o circunstancias que merezcan ser revisadas o sometidos a control. La Constitución señala que el único facultados es la Corte Constitucional, todo lo demás son actos ilegales y arbitrarios.

Con el enjuiciamiento y prisión de los dirigentes y autoridades indígenas de la Comuna La Cocha, queda claro que el Estado en su
conjunto: gobierno, administración de justicia, Fiscalía General, no ha cambiando en absoluto, que la Plurinacionalidad es una amenaza para sus poderes, por eso optan por el camino más fácil y reaccionario: criminalizar no solo de la protesta social, sino de la sociedad misma.

Queda evidente que en contra del movimiento indígena y los sectores sociales organizados se han unido los medios de comunicación privados y públicos, y el gobierno que utilizando la fuerza del Estado pretenden anular la gran fuerza y las razones absolutamente válidas de las movilizaciones indígenas contra la ley de aguas del régimen.

Denunciamos esto como un hecho de racismo y violencia dirigido por el Estado, que busca destruir y criminalizar, llegando a extremos absurdos como querer equiparar el terrorismo de Estrado de León Febres Cordero con la Administración de Justicia Indígena. Con tal desmesura no solo se afecta la ética y la dignidad, sino que irrespeta el espíritu del Informe de la Comisión de la Verdad en su intento de reivindicar a luchadores sociales y víctimas de terrorismo de Estado.

Como decían nuestros ancestros «Nos llámanos a todos, que ni uno, ni dos se queden». Defendamos nuestro legado histórico y luchas colectivas. No descansaremos hasta construir un verdadero Estado Plurinacional con justicia social.

¡Viva los 20 años del Primer Levantamiento Indígena y Popular!