El Relator Especial de la ONU James Anaya exhortó al diálogo y el entendimiento entre los actores políticos y las organizaciones indígenas de Ecuador, para construir de manera participativa y consultada los mecanismos de coordinación y de cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena.
“La clave está en el diálogo basado en los principios de tolerancia y respeto a los derechos humanos”, subrayó el experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos para estudiar la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.
“Resulta contraproducente para la construcción del estado intercultural y plurinacional que declara la nueva constitución de Ecuador”, dijo el Sr. Anaya, “que se llegue calificar de salvaje y violatoria de los derechos humanos a toda expresión de la justicia indígena, basados en información parcial e incompleta de medios de comunicación sobre un caso ocurrido el 9 de mayo 2010 en la comunidad de la Cocha, Provincia de Cotopaxi”.
El Relator Especial expresó su profunda preocupación ante el ambiente de polarización que parece haber surgido de comentarios en medios y declaraciones de autoridades gubernamentales en Ecuador, que “trascienden la crítica razonable y ponderada de un caso concreto de aplicación de la justicia indígena y corren el riesgo de ser percibidos como posiciones que alientan visiones racistas y discriminatorias contra el conjunto de los pueblos indígenas de Ecuador”.
En Ecuador, los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, el derecho a disfrutar de sus propias leyes, están reconocidos en la Constitución de 2008 y en los tratados internacionales suscritos por el país. La Constitución reconoce la igualdad entre la jurisdicción indígena y la ordinaria, y establece que los principios de relación entre ambas son de cooperación y coordinación.
“La norma constitucional no sólo es coherente con los estándares internacionales sobre la materia”, dijo el experto independiente de la ONU, “sino que reconoce la realidad innegable de la existencia y funcionamiento efectivo durante centenares de años de varios sistemas de justicia indígena que corresponden a distintas nacionalidades y pueblos que conviven en el país.”
En tal sentido, el Relator Especial instó a la sociedad y las autoridades ecuatorianas a reconocer el funcionamiento efectivo y pacífico de las justicias ancestrales en la enorme mayoría de casos, pero también a no confundir casos de justicia por mano propia y hechos de violencia tumultuaria con las genuinas expresiones de la justicia indígena.
“Esto supone un proceso de mayor diálogo con las autoridades indígenas y conocimiento de las justicias ancestrales, así como el apoyo de análisis jurídico-antropológicos, especialmente en el tema de los derechos humanos”, recalcó el Sr. Anaya.
“Para garantizar el derecho de todos a la justicia”, exhortó el Relator Especial de la ONU, “las autoridades ecuatorianas deben redoblar sus esfuerzos para fortalecer las capacidades tanto la justicia ordinaria como la justicia indígena, de modo que ambas instrumentos efectivos de lucha contra la impunidad dentro del respeto a los derechos humanos”.
Valioso pronunciamiento. Los organismos internacionales estan obligados a persuadir a los mandatarios y sus instituciones democráticas a cumplir con lo que determina la Constitución. Lamentable que la politización de la justicia sea un cáncer contra el que todos tenemos que luchar para curarlo.
patricio pumagualle